CABA: algunas claves para entender la penalización de los estudiantes secundarios

Con estupor nos enteramos que los y las estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires que tomaron colegios en reclamo de mejoras edilicias, viandas, y en contra de las prácticas laborales en el sector privado, fueron denunciados en el fuero penal, penal juvenil, contravencional y de faltas, en aplicación de las “Pautas para la Convivencia Escolar” que los equipos de conducción de los establecimientos educativos de gestión estatal deben cumplir.

Se trata de una decisión claramente electoralista, definida para generar en la sociedad un sentido común atravesado por la idea de que los sectores que protestan o pelean por sus derechos son malos, fomentadores del caos, y el Gobierno de la Ciudad (que incumple con muchas de sus responsabilidades y tiene un discurso público muy peligroso) viene a poner orden y firmeza, pero en definitiva lo único que logran es incrementar el nivel de conflictividad social y, en especial, desentenderse del mandato constitucional de garantizar el derecho a la Educación en el distrito.

El mecanismo de las Pautas para la Convivencia Escolar es el siguiente: a partir de la toma, la autoridad del colegio da participación al Consejo de los Derechos del Niñas, Niños y Adolescentes, al SAME y “se cita de manera inmediata a quien ejerza la responsabilidad parental para que retiren a los hijos del establecimiento, dado que no se puede cumplir con el servicio educativo.” Luego la autoridad escolar debe labrar un acta y dejar constancia de la imposibilidad de llevar adelante las actividades adjuntando una serie de documentación, entre la que se encuentra “Enunciar los datos de los padres o de quienes ejerzan la responsabilidad parental que no hayan retirado a los jóvenes a su cargo del establecimiento educativo, dejando constancia de los motivos y de haberles hecho saber que la responsabilidad sobre el alumno recaerá exclusivamente sobre el adulto que ejerza la responsabilidad parental, mientras dure la situación y en el caso de ingreso/egreso del alumno al establecimiento educativo.” Con ese expediente, el Ministerio de Educación de la Ciudad debe elevar el expediente administrativo que da cuenta de la toma, a la Procuración General de la Ciudad, con el claro sentido de judicializar la conflictividad social.

La denuncia realizada por el GCBA sería por incumplimiento del Artículo 60 de Código Contravencional y de Faltas de la Ciudad, que pena a quienes ingresan o permanecen en lugares públicos o privados o de acceso privado contra la voluntad expresa de quien tiene derecho de admisión. La pena que establece es de 1 a 5 días de trabajo de utilidad pública o una multa que va de 200 pesos a 1.000 pesos.

A nuestro entender, la aplicación de esta normativa en casos de protesta social es inconstitucional, debido a por lo menos tres razones: el artículo 14 de la Constitución Nacional consagra el derecho de peticionar ante las autoridades; el artículo 39 de la Constitución de la Ciudad reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus derechos, y se les debe garantizar protección integral y deben ser informados, consultados y escuchados; la protesta social está regulada por Tratados Internacionales.

El problema radica en el pensamiento y mensaje público del jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta, y la ministra de Educación, Acuña: “No peleen por sus derechos, no peticionen por un mundo mejor, porque si lo hacen las consecuencias son más restricciones para sus derechos e incluso les vamos a mandar a la Policía”.

Pero quizá lo que también está en juego es el pensamiento sobre la convivencia democrática en la Ciudad, ya que Juntos por el Cambio quiere una democracia acortada en su significado, y en este sentido, La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en el 2019 ha dicho que “…el Sistema Interamericano ha reconocido la relación existente entre los derechos políticos, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la libertad de asociación, y que estos derechos, en conjunto, hacen posible el juego democrático”.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con esta serie de medidas puntivas, también busca que no se hable de los problemas de fondo que tiene la educación en el distrito, silenciadas por el bochornoso blindaje mediático que compra Larreta, como el sistemático recorte del presupuesto educativo, desde hace varios años, los graves problemas de infraestructura edilicia, la calidad de las viandas, que el porcentaje de alumnos/as repetidores/as en el año 2020 fue de 10,5% en los establecimientos de gestión estatal mientras que en los privados fue del 2,3%, o que la tasa de retención en el sector público en el 2020 fue de 87,1 mientras que en el sector privado fue de 91,2.

Larreta y Acuña deberían dejar de lado la interna de Juntos por el Cambio, hacerse cargo de su rol de funcionarios públicos, y atender las demandas genuinas de los y las estudiantes, que hace varios meses les vienen pidiendo reuniones por medio de sentadas, asambleas, marchas y otras iniciativas.

El poder judicial y la policía porteña tienen que estar cien por ciento abocados a la administración de justicia y seguridad para los y las porteñas, no para perseguir y amedrentar estudiantes secundarios.