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IPPSEJU

Institucional

Visión

Formular, consensuar y promover un conjunto de propuestas con respecto a la gestión de la conflictividad desde la perspectiva de un Estado sensible, soberano, independiente, integrado regionalmente y con una agenda de políticas públicas orientadas al desarrollo inclusivo, la ampliación de derechos y justicia social, y la seguridad integral de la ciudadanía.

Misión

Establecer una plataforma de promoción de la investigación, generación de conocimiento, debate y divulgación, formación y capacitación sobre las problemáticas orientadas a la seguridad y la justicia.
Construir una red de organizaciones e instituciones con interés de participar en la elaboración de una agenda de políticas públicas, proyectos y acciones orientadas a consensuar una propuesta federal de seguridad y justicia, y un ecosistema de instituciones de la seguridad y la justicia para el desarrollo inclusivo y la protección integral de la sociedad argentina.

IPPSEJU

Nuestros
Objetivos

  • Realizar actividades de investigación y desarrollo, promover la generación de conocimientos, la publicación y divulgación, la formación y capacitación, el debate y el intercambio con la sociedad civil y la red de actores interesados en las problemáticas orientadas a la seguridad y justicia, y temas afines, tanto en el escenario nacional, como el regional e internacional.
  • Llevar a cabo actividades académicas, educativas y culturales con universidades públicas y/o privadas, organizaciones no gubernamentales, organismos públicos y/o empresas privadas, para promover la formación y capacitación de funcionarios/as y directivos/as, profesionales, técnicos/as, trabajadores/as y ciudadanos/as.
  • Articular, cooperar, intercambiar con investigadores/as, grupos científicos/as y tecnólogos/as, organismos gubernamentales y no gubernamentales de nivel nacional, provincial, municipal, e internacional, y elaborar proyectos conjuntos en lo que hace a la seguridad y justicia, problemáticas relacionadas.
  • Efectuar convenios con entes oficiales de los estados nacional, provincial y municipal y los organismos internacionales, a fin de desarrollar proyectos orientados a la seguridad y justicia, tales como diagnósticos, evaluaciones, monitoreos, investigaciones y desarrollos, diseño y elaboración de políticas públicas y programas, así también la formación y capacitación de funcionarios/as y personal de entidades públicas y/o privadas, y a la sociedad en general.
Nuestro Origen

¿Por qué creamos IPPSEJU?

1. Nada nuevo decimos al afirmar que nos encontramos en un momento complejo, cargado de grandes transformaciones. Pero eso no puede ser utilizado como excusa para evitar pensar y hacer las cosas de un modo mejor. Es un rasgo característico de toda contemporaneidad asumir la propia dificultad para pensar las condiciones e implicancias que tienen las fuerzas que codifican y decodifican su presente. Es decir: vivimos en un mundo complejo, del mismo modo que nuestros predecesores y, seguramente, nuestros descendientes. Lo importante es qué hacemos nosotros con ello.
Lo que nuestra época tiene de novedoso es la velocidad en que esas transformaciones se producen; la intensidad y el impacto que tienen en nuestras vidas. La primera revolución industrial comienza en 1760 y las principales invenciones de la época no tuvieron menos de 50 años entre una y otra; en la actualidad, cada dos años se producen innovaciones que multiplican de forma exponencial las posibilidades (y las diferencias) de nuestras sociedades fragmentadas.
Entre los distintos análisis especializados existen diferencias en cuanto a la forma de denominar a esta nueva fase del orden mundial en la que vivimos, pero aun así todos acuerdan en que el conocimiento se ha convertido en el principal motor del desarrollo.
Si esto es así, cabe entonces preguntarnos por qué, en ciertas áreas de la vida en común, seguimos pensando con términos y procesos del siglo pasado. Por qué nos empecinamos en que funcione algo que ya ha dado prueba suficiente de ineficacia y, al mismo tiempo, por qué no ponemos el esfuerzo necesario en pensar conceptos y herramientas acordes a nuestras condiciones de existencia.
Aquéllos que abrazamos la política como un modo de transformar la realidad no podemos pretender hacerlo a través de atajos, prejuicios, preconceptos, arquetipos, modelos o paradigmas cuya fecha de vencimiento expiró hace tiempo.

2. Cuando decidimos comenzar a darle forma al Instituto de Políticas Públicas de Seguridad y Justicia varios fueron los objetivos que animaron nuestras discusiones. Uno de ellos fue el hecho de que el pensamiento, los análisis y los modelos producidos para comprender y hacer en el ámbito de lo que llamamos seguridad pública, se encuentran obsoletos, sobre todo en su relación con la experiencia y la práctica.
Asumimos que la tarea de crear herramientas conceptuales que permitan a aquellos que diseñan, planifican, llevan adelante, monitorean y evalúan políticas públicas es fundamental si queremos salir del pozo ciego en el que la pereza, la incomprensión o el egoísmo nos retienen.
Comprender a partir de las experiencias reales, de las políticas públicas en ejecución, de los distintos mercados criminales, del estado de situación de las Fuerzas de Seguridad, las distintas policías, el Ministerio Público, el Servicio Penitenciario y el resto de las agencias públicas que atraviesan, a veces en forma directa y otras oblicua, el mundo de la seguridad pública es tan urgente como imprescindible.
Y no sólo como un gesto ligado estrictamente al ejercicio académico, o como parte del “espacio cerrado” de las instancias vinculadas en forma directa a la política criminal, sino desde todos los sectores posibles. Desde actores políticos que se encuentran en áreas de gestión hasta los que están en plena formación; desde comunicadores, gestores públicos, universidades, asociaciones civiles, hasta dirigentes sindicales, barriales, concejales y distintos actores de la vida pública y social: todos son necesarios si pretendemos transformar realmente la situación en la que nos encontramos.

3. Otro de los tópicos que aparecieron en nuestros debates fue el de las fuerzas de seguridad. Lo institucional y lo ejecutivo; los hombres y mujeres que las integran y la sociedad en la que ellas despliegan su accionar; el derecho y la violencia; las estrategias y las tácticas.
Nuestro punto de partida tiene, por supuesto, muchos aspectos positivos. Ya no estamos en los años 80’ donde el objetivo fundamental era separar seguridad de defensa, desmilitarizar las fuerzas de seguridad, e impedir que las prácticas genocidas se extiendan en la democracia. Tampoco en los 90’, donde esas experiencias autoritarias todavía persistían en normativas como los edictos policiales. El siglo XXI fue consolidando la democratización de las fuerzas de seguridad –aunque todavía falte una profunda reforma normativa. Se consolidaron procesos democráticos en la formación y fue la misma democracia, que ya está por cumplir 40 años, que en su experiencia cotidiana impactó en la organización policial, aunque más no sea por una cuestión generacional (quienes “mueven” a las policías nacieron o se formaron en democracia).
A principios de este siglo se arribó a un consenso entre los especialistas: ante la prolongada autonomía policial era necesario el control político de las fuerzas de seguridad. Que los representantes legítimamente elegidos elaboren, planifiquen y controlen la actividad policial en sus funciones de seguridad ciudadana. Se creía que con eso probablemente alcanzaba. Sin embargo, ese límite está en crisis. Si antes los gestores del modelo neoliberal delegaban en las fuerzas de seguridad la política de seguridad, hoy la elaboran, planifican y ejecutan “desde la política” (con leyes, decretos, resoluciones) pero con los mismos resultados: derecho penal del enemigo, estigmatización, persecución política, marketing, etc. El dictado de la ley del arrepentido del 2016 (Ley 27304) es una clara muestra de ello. Si antes las policías “apretaban” en las comisarías, hoy son los fiscales quienes lo hacen en los tribunales (a veces ni siquiera en los tribunales y, a veces también, en matrimonio con comunicadores sociales).
Por eso, entre otras tantas cosas, es que debemos reelaborar algunos conceptos muy valiosos que nos permitieron llegar hasta acá. Y esa reelaboración se debe hacer con claridad, sin ambigüedades ni hipocresía. No se puede hacer una parte de la política pública con la corporación policial y otra no. No son “malos” para algunas cosas y “buenos” para otras. La transformación se hace en conjunto. Debe legitimarse un nuevo “nosotros”. Del mismo modo que no se modifican las políticas de salud sin los médicos –y hay médicos mejores y peores–, tampoco se transforma la política de seguridad pública sin las fuerzas de seguridad o los agentes de justicia.

4. Somos conscientes que toda política pública en seguridad y justicia significa, de alguna manera, ejercer violencia “legítima”. Negar esto o eludir pensarlo escudados en un falso progresismo es un lujo que no nos podemos dar. Debemos ser honestos en cuanto a esto en todo momento y discutir desde ahí. Está claro para nosotrxs que es el Estado quien debe orientar esa violencia legítima. La discusión que proponemos es sobre el cuándo, el cómo, el dónde, el quién, el por qué y el para qué. Y adelantamos nuestra mirada: donde sea necesario para asegurar los derechos de nuestro pueblo y usando esa violencia de forma proporcional a través de instituciones profesionales.
La violencia estatal tiene sentido y no es ilegitima cuando es necesaria, oportuna, pertinente y eficaz para resolver un conflicto social. La aplicación de la violencia estatal debe garantizar que no gane el más fuerte en el conflicto. Es decir, la absorción de la violencia por parte del Estado debe contribuir al bienestar social, a su pacificación. La violencia solo puede ser utilizada cuando otras alternativas no hayan servido, cuando no quede más remedio que su utilización. Para ello es necesario trabajar en diversas políticas de gestión del conflicto.
La política criminal no se define a partir de manuales de procedimientos que sirven para cualquier modelo de sociedad, como si fuera una muda de ropa estándar que sirve para cualquier ocasión. La política criminal define estrategias de acción, orienta recursos, establece prioridades, pero siempre sobre una base compuesta por los acuerdos básicos de una sociedad: cómo queremos vivir en común; qué estamos dispuestos a ceder y qué no.
Aspiramos a poner en la agenda social la política criminal. Que se discuta, que se comprenda, que sea parte de nuestros debates sobre el porvenir. A contrapelo de lo que otros prefieren (esconder estas cuestiones en “tecnicismos”, lenguajes cerrados y sótanos sin ventilación), nosotros decimos: ya pasó el tiempo de naturalizar el oscurantismo, de naturalizar actividades policiales que nada tienen que ver con la seguridad ciudadana, de naturalizar las condiciones carcelarias, las sentencias arbitrarias. No son hechos “naturales”, que siempre han sido así y que son imposibles de modificar. Como todo lo que hacemos, son actividades humanas producto de fenómenos sociales y políticos que proponemos observar para transformar.

5. El marco común que asumimos para pensar y actuar es el de la gestión de la conflictividad. Porque creemos que el conflicto es inherente al vivir en sociedad. Negar esto o creer que se puede llegar a un grado cero de conflictividad a partir de la ejecución de distintas estrategias de política criminal es parte de la misma pereza que mencionamos anteriormente. Salvo que aquí hay un peligro aún mayor: porque la exigencia de “hacer desaparecer el conflicto” se traduce luego en políticas represivas de tinte fascista, que no sólo no mejoran la situación previa (previenen, transforman o reducen el conflicto), sino que la empeoran.
La agenda de aquellos que eligen esta vía –y que generalmente lo hacen en los sets de televisión, modulados por el odio, como una versión apenas más sofisticada que los trolls de las redes sociales o los comentadores en los portales de noticias–, es la que reclama armas para el ciudadano de bien y balas para el delincuente común; la que habla de bajar la edad de imputabilidad de los menores; la que piensa que el delito es algo excluyente de una clase en particular, la de los pobres; la que niega o pone en duda la existencia de las violencias contra las mujeres y personas LGTBI+; la que judicializa la política; la que rechaza o descree que las fuerzas de seguridad deben ser conducidas por la política (aunque, como dijimos, en la práctica lo hagan). Es una agenda que escuchamos todo el tiempo y que, a fuerza de repetición y de falta de herramientas conceptuales claras para discutir con ella, se termina transformando en un sentido común o, lo que es peor, en una demanda social.
La gestión de la conflictividad es un marco que nos permite pensar allí donde están los problemas: definirlos en su especificidad, pero también en sus relaciones. Comprenderlos. Pensar con ellos, no como gesto meramente intelectual sino con la firme decisión de resolverlos (reducirlos o transformarlos). Partir de ellos para generar información y construir conocimiento. El inicio de todo proceso de producción de políticas públicas requiere de diagnósticos situados, de la producción de información que permita conocer los fenómenos para diseñar estrategias posibles de gestión. En este sentido, la precariedad de los sistemas de información criminal es un problema transversal a resolver. Con información más certera, el pensamiento y la acción para transformar la sociedad tienen una posibilidad mayor de éxito. Las herramientas están. La decisión es política.

6. Nuestras sociedades latinoamericanas en general, y Argentina en particular, son objeto de un persistente ejercicio de provocación que tiene por objeto la degradación de sus democracias. Ya no sucede, como antaño, que esa tarea es ejecutada por las fuerzas militares en alianza con ciertos sectores de la sociedad civil, sino que ahora es una nueva clase política, conformada por agentes de la justicia, agentes de la política, agentes de los negocios y agentes de los servicios de inteligencia, la encargada de operar allí donde haga falta. En ese intríngulis de coaliciones, la criminalidad y las fuerzas de seguridad entran y salen según el contexto y la conveniencia.
A través de diversos mecanismos (lawfare; persecución mediática; persecución por los servicios de inteligencia) que requieren altos niveles de organización y recursos humanos y materiales, esta nueva clase política intenta reconfigurar el espacio social y el Estado según los preceptos del modelo neoliberal. La aventura 2016-2019 da abundantes pruebas de ello en un sentido directo. Esto es: en el ejercicio del poder a través de la toma de posesión por la vía democrática. Sin embargo, su modus operandi excede el momento y las reglas electorales. Antes y después de ese cuatrienio, su actividad no menguó, sólo buscó –y busca– otros canales para continuar en la conquista de sus objetivos.
Pensar en estas condiciones es una actividad política inexorable. No sólo porque, como dijimos antes, necesitamos herramientas conceptuales a la altura de la hora, sino porque adherimos a una forma particular del pensamiento: aquélla que se genera en la propia práctica. Pensar y hacer son parte del mismo movimiento.

7. No se trata aquí de definir qué significa para nosotrxs la seguridad y la justicia. Nuestro objetivo no es compartir una receta ni desplegar un conjunto de respuestas oportunas, sino ir más allá. Nuestra búsqueda parte de un contexto en plena disputa. Un contexto en el que las fuerzas del orden neoliberal (ya caracterizadas) imponen una agenda que degrada la democracia, formatea un tipo específico de subjetividad (la de individuos imposibilitados para construir algún tipo de vinculación más allá del odio y el miedo); alimenta un discurso particular sobre la seguridad, la justicia y los agentes que deben llevar ambas a cabo; intenta romper los lazos sociales, las memorias, los relatos; en fin, una agenda contra la vida en común.
Uno de los grandes caballitos de batalla de esa agenda en disputa es el del Estado eficiente y eficaz. Aunque en realidad más que de batalla es un Caballo de Troya. Porque a través del concepto de la eficiencia y la eficacia lo que ingresa en el discurso –cuando esos conceptos son enarbolados por el partido del orden neoliberal–, es la categoría de Estado mínimo. Un Estado incapaz de potenciar a la sociedad que lo anima; un Estado de planillas de cálculo y variables en rojo que, para poder seguir siendo, debe ceder y ceder hasta convertirse en una “ventanilla única”.
Ante ese Caballo de Troya, que impacta en todo el Estado y, por ende, en la seguridad pública, no negamos la importancia de la eficiencia y la eficacia, pero sí decimos que, para lograr ambas cosas debe ser, al mismo tiempo, un Estado Sensible. Esta debe ser una condición implícita a la propia definición de eficiencia.
En nuestras formas de actuar y conocer, la eficiencia y la eficacia están relacionadas directamente a un conjunto específico de objetivos. Estos objetivos no pueden estar disociados de las personas reales, las personas de carne y hueso que ponen en movimiento los resortes de la vida en común. Objetivos para sujetos tipificados en los manuales de comunicación electoral hemos tenido muchos; objetivos cargados de buenas intenciones, también. Los objetivos sensibles son, en cambio, aquéllos cuya expresión está conectada con la vida: son sensibles en la medida en que obedecen a experiencias y prácticas reales. Son sensibles porque no niegan la existencia del conflicto, sino porque piensan a partir de él, para entender, conocer sus causas y elaborar estrategias reales para su tratamiento.
Un Estado sensible es aquel que logra comprender las diferentes particularidades de cada contexto, tanto objetivas como subjetivas. Sin este ejercicio de comprensión sobre lo que sucede, es muy difícil que logremos diseñar políticas públicas que contengan la posibilidad de éxito –en distintos grados y niveles– en su intervención en el ámbito social. No sólo no habremos logrado ningún grado de éxito, sino que es casi seguro que tampoco lleguemos a comprender las razones reales de su fracaso.
Sistemas razonables construidos en oficinas con aire acondicionado hemos visto de a montones; la mayoría comparte un mismo rasgo: su inaplicabilidad. Pero el error más común no es ese, sino pensar que es la realidad la que está equivocada. El mapa no es el territorio. Cuando pensamos que uno es la representación idéntica del otro es cuando nos perdemos. Por eso es común ver correr como pollos sin cabeza a las agencias públicas del Estado híper burocratizado, preso de marcos conceptuales expirados o impropios, intentando aplicar con fórceps esos modelos irreales (enlatados de alguna Consultora o “empresa de la seguridad”), con la inviable esperanza de que la realidad se ajuste a sus deseos. Después, como es lógico, aparecen las preguntas: ¿qué salió mal? ¿qué hicimos mal? Las respuestas, posiblemente, sean variadas, pero podemos apostar que las más utilizadas recaen en los mismos de siempre: los agentes públicos, las burocracias, la falta de recursos, la inviabilidad del Estado, la tan mentada falta de eficiencia y eficacia. Sin embargo, en ningún caso surge la posibilidad real de decir que lo que se hizo mal estaba en el principio y no en el final.
Contra este modelo de pensar y hacer el Estado es que se propone actuar el Instituto. Por ese motivo es que decidimos partir de las políticas públicas. Allí está la posibilidad de pensar en concreto, de comprender las articulaciones en forma tanto horizontal como vertical. En las políticas públicas anida la temporalidad institucional (planificación, objetivos, evaluación, las agencias) y la temporalidad social (los individuos, el conflicto, su tratamiento, los hombres y mujeres que integran las agencias) que van a ser puestas a prueba en forma constante.

8. Generar conocimiento, producir ideas, componer un colectivo de trabajo en torno a los problemas que atañen a la seguridad y a la justicia, llevar adelante capacitaciones, diseñar herramientas, discutir en todos los ámbitos, fortalecer y mejorar las instituciones que llevan adelante la política criminal en nuestro país, acompañar los procesos de democratización de nuestras sociedades latinoamericanas, pensar a partir de nuestros pueblos y no contra ellos. Estos son los principales ejes que motivan nuestro accionar, convencidos que es a partir de la política que todos ellos son puestos en común, es decir, que son compartidos con otros.

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