Comunicado sobre la Represión durante la sesión por la Ley Bases
Desde el Instituto de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia (IPPSEJU) repudiamos el operativo desplegado por las Fuerzas de Seguridad Federales, conducidas por la ministra Patricia Bullrich, y en coordinación con con las autoridades del Senado de la Nación, durante el debate por la denominada “Ley Bases”.
Una vez más, advertimos cómo el Gobierno Nacional se vale de la construcción de enemigos ficticios como pretexto para justificar la represión de todas aquellas expresiones disidentes que cuestionen su modelo económico.
En esta oportunidad, la retórica oficial, a través de la “Oficina del Presidente de la República Argentina” y de la propia Ministra Bullrich, buscó instalar que la manifestación de cientos de miles de argentinos y argentinas, el pasado miércoles 12 de junio, fue un intento de golpe de Estado perpetrado por “grupos terroristas” que actuaron “con palos, piedras e incluso granadas”.
Pero lo más preocupante es la convalidación judicial de este discurso que sentó las bases para la detención de más de treinta manifestantes para quienes el Fiscal Federal Carlos Stornelli solicitó la prisión preventiva, imputándoles varios delitos, entre los cuales se destaca el “atentado contra el órden constitucional”.
Resulta extraño que, mientras que el Gobierno Nacional despliega su accionar persecutorio contra personas que no habían cometido delito alguno, más que el de ejercer su derecho a manifestarse (algo que pareciera haber adquirido connotación criminal en los tiempos que corren), aún no han podido dar con el paradero de los verdaderos responsables de los destrozos, como ser el incendio de automóviles, lanzamiento de objetos contundentes, etcétera.
Aunque, más que extraño, en verdad, resulta grotesco y evidente: una vez más, las Fuerzas de Seguridad comandadas por la ministra Bullrich comisionaron “infiltrados” para causar disturbios que, luego, legitimarían la represión contra los verdaderos manifestantes. Tan evidente fue esta maniobra que hemos advertido imágenes de personas “encapuchadas” tumbando vehículos que luego eran cálidamente recibidas detrás de la valla policial con una “palmada” en sus espaldas.
En definitiva, exhortamos a las autoridades judiciales a no dejarse llevar por el deseo oficial de cercenar la disidencia democrática y a que, en consecuencia, cesen de inmediato la ilegítima privación de la libertad de los manifestantes. Este tipo de conductas y asentimientos no hace más que llevar al Estado de Derecho a un precipicio del que será muy difícil regresar
