Rosario, cada vez más lejos

“El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas, mediatizada a través de imágenes”
Guy Debord, La sociedad del espectáculo

La seguridad como espectáculo

El tratamiento que el gobierno le da a lo que sucede en Rosario muestra cabalmente lo que hemos denominado en más de una ocasión la espectacularización de la seguridad. Patricia Bullrich, su principal exponente, sumó en su anodina cruzada al gobierno provincial, a su par de Defensa y al mismísimo presidente, que ya practicaba estos mismos modos en las tareas que implican la conducción de un país.

El espectáculo no es un conjunto de imágenes que se transmiten por TV o suceden en las redes, sino una forma de comprender y hacer el mundo. Una forma de relacionarse. Es un hacer como si la realidad pudiera transformarse a partir de un slogan, una imagen creada por IA o el título en un portal de noticias. Nadie niega el poder de las palabras, y mucho menos del lenguaje como instrumento para poner en común la experiencia de vivir, pero eso no quiere decir que las palabras, como las imágenes, por sí solas, conviertan en realidad aquello que se dice o se muestra. Para transformar la realidad hace falta trabajo. Pero este es un gobierno del bait, un gobierno que titula, un gobierno que tuitea.

Rosario no es la excepción. Al contrario: es un claro ejemplo de cómo estos modos han colonizado la gestión y la política. Hasta el momento (que ya es tarde), sabemos de la conformación de un comité, algunas propuestas de carácter normativo, la intención de militarizar Rosario y el envío de efectivos federales, algo que se viene haciendo, con escasa planificación y efímera efectividad, desde hace unos años. Por supuesto que celebramos el trabajo articulado entre Nación, provincia y municipio para el fortalecimiento de las capacidades estatales y la intención de pensar una verdadera estrategia para contrarrestar este flagelo. Pero, para que esto resulte realmente efectivo, debemos evitar que los modos del espectáculo se apoderen de la coordinación de esa estrategia. Porque, una cosa es pensar las causas del problema y qué hacer para resolverlo, y otra muy distinta es pensar cómo comunicamos algo para que parezca que nos ocupamos del tema hasta que el próximo problema nos requiera la atención. En el primer caso ponemos en funcionamiento el ciclo de una política pública, en el segundo asistimos a una puesta en escena, somos parte de un show.

Un caballo en el hospital

Uno de los títulos más altisonantes fue el referido a la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. Y no sólo en aspectos de logística, como la propia ley de seguridad interior prevé, sino en aspectos operativos, de control de territorio, patrullaje; es decir, una intervención militar directa en el conflicto. Esto, que puede sonar “potente”, oculta sin embargo la raíz del problema que tenemos en gestión de la seguridad pública.

Creer que las fuerzas armadas son el instrumento para resolver un problema tan complejo como el del narcotráfico sólo puede obedecer a una estricta ignorancia sobre el propio fenómeno del crimen organizado, un fenómeno transnacional, pero con una eficiente capilaridad territorial. Las fuerzas armadas de nuestro país no están entrenadas para enfrentar temas de seguridad interior (entre otras cosas, porque la Ley no lo prevé y desde la vuelta a la democracia su doctrina no lo contempla). Hace años que no tienen entrenamiento para tratar con un fenómeno urbano como el del narcotráfico. Sin embargo, un sentido común que pareciera estar más influenciado por el cine de acción que por la evidencia científica, nos insta a creer que son más poderosas y eficaces para combatir la “guerra al narco”.

Y ahí se encuentra uno de los mayores problemas de la política a la hora de pensar el fenómeno de la droga, que es la utilización de la lógica de la guerra. La “guerra contra la droga” o la “guerra al narco” ya lleva más de 50 años y, francamente, no parece que la situación haya mejorado o esté en vías de hacerlo. Al contrario. Sin embargo, la lógica sigue tan vigente como antaño. Y el hecho de creer que las fuerzas armadas tienen un papel importante en esta coyuntura pone en evidencia, justamente, esa vigencia. Pero lo que no dicen quienes reclaman a las fuerzas armadas –porque en teoría estarían más preparadas para la guerra que las fuerzas de seguridad– es que aquí la lógica de enfrentamiento directo entre dos enemigos perfectamente identificables, el esquema clásico de la guerra, no aplica.

En otros países de la región, en escenarios de violencia y criminalidad, donde irrumpen nuevos fenómenos que, por su trascendencia, intensidad o naturaleza, impactan en la seguridad interna y/o externa, se han ampliado las competencias de las fuerzas armadas y se las ha involucrado en tareas de seguridad interior y orden público. Pero sobran los ejemplos que dan cuenta que esta ampliación de competencias y esta relativización de las diferencias entre lo policial y lo militar, no sólo no han tenido los resultados esperados en la reducción de la criminalidad y las violencias sino que los ha empeorado.

La espectacularización de la seguridad no es simplemente la puesta en escena de un show. Si sólo finalizara allí su ejercicio, el impacto de su ejecución quizá sería menos dañino. El problema radica en que este afán por titular (y esconder la falta de expertise) que tiene el actual gobierno en general, y la ministra de Seguridad en particular, lleva a las autoridades políticas a promover ideas y prácticas que empeoran la situación que dicen venir a resolver. Meter al ejército para resolver el problema del narcotráfico es como meter a un caballo en un hospital: “nadie sabe qué hacer con el caballo en el hospital, mucho menos el caballo”.

Rosario, más que un caso

Rosario no es un caso más. No es, siquiera, algo así como “un caso”. Es algo mucho más complejo y para comprenderlo es necesario pensarlo a partir de sus especificidades primero y, al mismo tiempo, de sus similitudes con el resto del país. Si vemos sólo a Rosario vamos a advertir cifras alarmantes, sobre todo si observamos la evolución de la tasa de homicidios dolosos per cápita: en el año 2012 la cifra era una de las más altas del país, 15,2 por cien mil, y ya había aumentado en los últimos años —en 2010 era de 13,7–; en 2021 había ascendido a 18,57 homicidios por cada 100 mil habitantes. Tanto la cifra del año 2012 como la del 2021, superan con creces el estándar nacional (4,6 en 2021), bonaerense (4,5 en 2021) y de otras ciudades como CABA (3,3 en 2021). Para el año 2022, según señalan desde el Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, entre enero y noviembre se habían contabilizado 263 en la ciudad de Rosario y, de ese modo, se cuadruplicaba la tasa media nacional.

Pero estos números, que hacen a la “especificidad” de Rosario, también deben pensarse, indagarse y analizarse a partir de un conjunto de factores que inciden en este fenómeno y que permiten la sostenibilidad de las organizaciones criminales, en particular, vinculados a la criminalidad económica en el mundo de las finanzas, los desarrollos inmobiliarios y las exportaciones de commodities.

La ciudad de Rosario, y su posicionamiento como “ciudad narco”, expresa parte de estas transformaciones producidas en nuestro país a principio y mediados de los años 2000. En particular, nos referimos a la expansión de mercados locales de consumo y al lugar que comenzaron a ocupar ciudades portuarias como Rosario frente al mercado internacional de drogas ilegalizadas —con expresiones claras en la utilización de la Hidrovía Paraguay-Paraná hacia Europa— y al proceso de desplazamiento de la última fase de la producción del clorhidrato de cocaína, el último eslabón del proceso productivo. Por un lado, con la instalación de cocinas en las que se procesa o se estira la “pasta base” (o “paco”) que comenzó a importarse, en ciertas zonas de algunas ciudades y regiones del país, entre ellas Rosario y el Conurbano bonaerense y, por otro, con el desarrollo de laboratorios que producen precursores químicos. Estas condiciones intervinieron en la expansión y transformación del mercado local de drogas ilegalizadas. Sumado a esto se advierte un conjunto de factores socioeconómicos que facilitan la inserción, sobre todo, de jóvenes varones como mano de obra visible y en los eslabones intercambiables y de mayor exposición de organizaciones criminales, y otros vinculados a la participación de integrantes del sistema penal (fuerzas de seguridad y judiciales).

Asimismo, también se han puesto de manifiesto las dificultades en el monitoreo de la acción de actores criminales desde las cárceles federales. En este sentido, la PROCUNAR (2021) produjo un informe vinculado a la narcocriminalidad en cárceles y describió, a partir de causas judiciales, diferentes modalidades de comercialización desde su lugar de detención y a través del uso de celulares o teléfonos fijos disponibles en cárceles, sobre todo, federales.

Estado y mafias

Tanto el presidente Javier Milei, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, han manifestado su preocupación por la seguridad pública y sus intenciones de resolver las cuestiones referidas a ella. Todo el arco político se ha expresado en igual sintonía. Es que a esta altura nadie puede soslayar que la necesidad de trabajar fuertemente en la lucha contra el narcotráfico y los demás delitos complejos que atraviesan a la sociedad en su conjunto y que, en la mayoría de los casos, se encuentran integrados en la misma red que conforma el crimen organizado, es prioritario. Pero si esto es realmente así, tal como lo expresan, nos surge una pregunta: ¿cómo piensan asegurar los recursos necesarios para dotar de herramientas al sistema de seguridad? Sobre todo, porque a la hora de pensar el Estado, el presidente lo define como una “organización criminal”, que es violenta al cobrar impuestos, incluso prefiriendo a las mafias antes que al propio Estado.

Esta sola pregunta implica el desarrollo de un documento aparte. Un texto que nos permita pensar el rol del Estado y las diferentes miradas acerca de sus funciones, alcances y límites. Porque la sola contradicción que advertimos en el párrafo precedente debería hacernos sospechar sobre las verdaderas intenciones del oficialismo: ¿qué es lo que realmente quieren hacer? Sin embargo, el deseo por pensar los problemas reales de seguridad pública en Rosario en particular, y en nuestro país en general, nos motivan a seguir con la orientación y el objetivo que dieron origen a estas líneas. Quedará entonces para otra ocasión concentrarnos en la pregunta por el rol del Estado.

Al final, para empezar

Sostenemos que este fenómeno, el del narcotráfico, es complejo y multicausal, por lo tanto su tratamiento debe ser multidimensional. Se nos ocurren varias dimensiones, que seguramente no son las únicas. Para empezar, podríamos mencionar algunas de ellas: a) reforma de la policía provincial, el servicio penitenciario y contar con una agencia para la investigación de delitos complejos a nivel federal; b) dinamizar el sistema de administración de Justicia, tanto provincial como federal; c) llevar adelante un proceso de destrucción de las armas incautadas y decomisadas que se encuentren en los depósitos judiciales y policiales y realizar una profunda auditoría de los arsenales públicos; d) el esquema financiero que le permite funcionar y blanquear las ganancias a las organizaciones criminales y todos los actores involucrados para que esto sea posible; e) las políticas públicas que debe llevar adelante el Estado en muchas otras áreas (educación, salud, desarrollo social, deporte, vivienda, obra pública, etc.), y que hacen a la construcción de una comunidad organizada. Son estas políticas las que van a permitir revertir la fragmentación social en los territorios, producto del corrimiento del Estado que se ha acelerado en estos últimos meses. En estos territorios no existe la mano invisible del mercado: si el Estado no interviene, lo hace la mano visible del narcotráfico.

1. Desde hace tiempo, distintos actores especializados en la materia, sostienen la necesidad de una reforma de la policía provincial de Santa Fe. Es de público conocimiento la participación de integrantes de la fuerza policial y del servicio penitenciario en distintas bandas de narcotráfico. Esta realidad, sumada a las falencias de especificidad, capacitación, formación, ausencia de políticas de bienestar, etc., pone de manifiesto la necesidad de una reforma de manera urgente.
   Pero también a nivel federal necesitamos hacer una reforma. Tenemos una oportunidad para pensar y crear una “Agencia Especializada en Delitos Complejos” que esté diseñada para enfrentar y dar respuestas a un mundo en constante transformación, mucho más dinámico, con organizaciones criminales cada vez más eficaces. Es fundamental adecuar las herramientas con que se cuenta para la persecución de tales ilícitos, como son la mejora en la formación policial, la construcción de nuevos ejes estratégicos y operativos, la inversión en tecnología aplicada, la modernización de los sistemas de gestión de la información. En este sentido, es necesario contar con una fuerza de seguridad federal moderna, enfocada en delitos complejos, con capacidad de análisis y acción en la prevención, neutralización y desarticulación de los delitos graves.
2. En segundo lugar, es necesario detenerse en el rol de los sistemas de Administración de Justicia en Santa Fe. Por un lado, nos encontramos frente una tasa muy alta de impunidad por el poco esclarecimiento de los delitos de homicidios (4 o 5 de cada 10 homicidios), sumado a la reciente Ley provincial de «microtráfico» (2024) que permitirá a la justicia local investigar delitos de tenencia y comercialización de drogas ilícitas.
   Las provincias en las que ya se avanzó con la desfederalización de drogas son ejemplos de una política que ha fracasado en la persecución de este fenómeno criminal. Eso podría agravarse en contextos de violencia como el que atraviesa la ciudad de Rosario y teniendo en cuenta las características de su fuerza de seguridad. Además, en lo que a la provincia de Santa Fe respecta, se suma la insuficiente actuación de la justicia federal en la investigación sobre los delitos conexos al narcotráfico. Por último, debe tenerse presente que en pocos días deberá comenzar a implementarse el nuevo Código Procesal Penal Federal en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que implica adecuar recursos a tales fines.
3. Las armas de fuego secuestradas, incautadas o decomisadas por la policía provincial, federal o el poder judicial se encuentran alojadas en depósitos judiciales y/o policiales a la espera de que los jueces dispongan su destrucción en el marco de la Ley 25.938. En la mayoría de las ocasiones esto puede demorar muchísimo tiempo. Incluso sin necesidad alguna para la causa o, lo que es peor, con la causa ya finalizada. Esta situación es un factor determinante para la consolidación del mercado negro de armas de fuego, así sea por complicidad o negligencia. Es imprescindible contar con el trabajo articulado de la justicia y la ANMAC para que se proceda a la destrucción inmediata de lo que hoy se encuentra en los depósitos a través de una acordada de los tribunales superiores, como ya se ha hecho en otras provincias. Por otro lado, hay que avanzar en una auditoría completa y profunda de los arsenales policiales y contar con un sistema de gestión del armamento policial y las municiones que impida que armas y balas adquiridas por el Estado para la protección de los ciudadanos terminen en las manos de las bandas criminales.
4. La capacidad económica y financiera de las bandas del crimen organizado es uno de los pilares de su funcionamiento y una valla a la hora de desbaratar sus redes y mermar su capacidad de acción. Contar con organismos que se concentren en desovillar los innumerables hilos que sostienen este esquema es una tarea prioritaria. Seguir el dinero, cortar el flujo.
5. Otra dimensión que debemos trabajar es el rol del Estado en los barrios. Primero, porque somos conscientes de que el Estado está para mejorar la calidad de vida de los habitantes y, segundo, porque si se opera su corrimiento, si “desaparece” del territorio, entonces se acrecienta el avance de estos grupos delictivos a través de un rol comunitario que se encuentra vacante (prestar plata, apoyo a comedores, clubes, etc.). No sirve de nada saturar el territorio con fuerzas federales y provinciales si luego el Estado no construye escuelas, polideportivos, salas de atención primaria de la salud, invierte en recursos humanos para que esas estructuras funcionen bien y en el tiempo, entre tantas otras cosas. Debe comprenderse que la seguridad no obedece sólo a un esquema de policiamiento que se ocupa del delito, sino que es un sistema mucho más complejo y amplio que se ocupa de gestionar las conflictividades de base, poniendo énfasis en la prevención y no sólo en la persecución del crimen. Llegar antes y bien antes que mal y tarde debería ser una premisa indiscutible.

Todas estas dimensiones son necesarias, pero seguramente no son las únicas. Lo importante es que puedan ser pensadas como parte de un sistema compuesto por muchos procesos y variados actores. Si no hay una mirada estratégica y no tenemos en cuenta la integralidad del sistema, es factible que sólo estemos replicando los modos insustanciales que rigen la lógica del espectáculo. Manotazos de ahogados en un mar convulsionado.

Por último, debemos ser enfáticos en la necesidad de trabajar con las comunidades. Hemos sido testigos de la conformación de innumerables sistemas que se presentan como razonables, construidos en despachos distantes de la realidad cotidiana, cuya característica en común resulta ser su inaplicabilidad. Pero el error más común no es ese, sino pensar que es la realidad la que está equivocada. El mapa no es el territorio. Cuando pensamos que uno es la representación idéntica del otro es cuando nos perdemos. Después, como es lógico, aparecen las preguntas: ¿Qué salió mal? ¿Qué hicimos mal? Las respuestas, posiblemente, sean variadas, pero podemos apostar que las más utilizadas recaen en los mismos de siempre: los agentes públicos, las burocracias, la falta de recursos, la inviabilidad del Estado, la tan mentada falta de eficiencia y eficacia. Sin embargo, en ningún caso surge la posibilidad real de decir que lo que se hizo mal estaba en el principio y no en el final.

Postdata

Quizá sea hora de pensar en la Ley de drogas y hacernos algunas preguntas. ¿El esquema normativo es el correcto o es parte del problema? ¿Todo se trata de un problema de gestión de la seguridad y la justicia? ¿Dónde entra la salud en todo esto? ¿El enfoque de guerra contra las drogas es el correcto? Si no estamos dispuestos a enfrentar el dilema del consumo, es muy posible que poco podamos hacer frente a la oferta. Hasta el momento, la historia nos demuestra todos los modos en los que hemos fallado, quizá sea el momento de pensar (e intentar) otros.