La Intervención de las Fuerzas Armadas en la Luchas contra el Narcotráfico
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SÍNTESIS
• Las leyes nacionales vigentes en materia de seguridad y defensa prohíben las tareas de seguridad interior (como el narcotráfico) a las fuerzas armadas salvo cuando sea declarado el Estado de Sitio, e inclusive en esa situación excepcional la intervención se realiza en un marco que se encuentra delimitado por la norma.
• A su vez, la ley de Seguridad interior faculta a tareas de apoyo con la creación del Comité de crisis (art. 24 y 25 de la Ley de Seguridad Interior). En este contexto eso sucedió y se incluyó a través del Ministerio de Defensa a las fuerzas armadas que únicamente podrán realizar lo establecido en el art. 27 de la Ley de Seguridad Interior.
• Nuestro proyecto político a través de la reglamentación de la ley de Defensa (2006) y de la nueva doctrina de inteligencia (2015) ha confirmado y profundizado su convicción de separar las funciones de seguridad y defensa y excluyendo a las FFAA a intervenir en cuestiones de seguridad.
• Esa normativa también confirma que el narcotráfico no puede considerarse como un ataque externo. El narcotráfico es un problema de seguridad interior que debe ser abordado por las fuerzas de seguridad.
• En virtud de este marco normativo, las fuerzas armadas no están entrenadas para la intervención en conflictos internos, sino para actuar en conflictos externos. Su entrenamiento militar está destinado para el combate y no cuentan con herramientas propias de intervenciones en materia de seguridad que implica, entre otras cosas, actuar con el principio de proporcionalidad.
• En este contexto sería más oportuna la creación de una Agencia Federal de Delitos Complejos que pensar en resolver la cuestión desde la intervención militar. Eso significaría reorganizar las fuerzas federales.
• La experiencia regional demuestra que cuando hubo intervenciones de las FFAA en la lucha contra el narcotráfico solo se consiguió aumentar el espiral de la violencia, generando más violaciones a los derechos humanos y autonomía de las FFAA del poder político.
SEGURIDAD Y DEFENSA EN ARGENTINA
A) MARCO TEÓRICO Y POLÍTICO. NORMATIVA QUE RIGE EN ARGENTINA. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.
En el último tiempo se ha puesto en la agenda pública nuevamente la discusión acerca de la intervención de las fuerzas militares en tareas que son propias de la seguridad y no de la defensa, como es la lucha contra el narcotráfico.
Se trata, entonces, de reflexionar acerca del rol que deben tener las Fuerzas Armadas en la Argentina actual, cuestión que debe ser enmarcada en el debate histórico respecto de la seguridad interior en América Latina que se produjo una vez que fueron consolidadas nuestras democracias.
La particular relación entre defensa y seguridad que se suscitó en cada uno de los países de la Región estuvo atravesada por los debates que se presentaron en la transición democrática. Para el caso argentino es necesario partir de dos hitos institucionales de su transición posdictatorial: las sanciones de las leyes de Defensa Nacional (1988) y de Seguridad Interior (1992) que marcan un umbral a partir del cual la separación tajante entre seguridad interior y defensa nacional constituye un escenario de fortaleza institucional a nivel regional. Esa fortaleza se expresa en el hecho de que a partir de esa división es posible enfrentar la tendencia a la militarización y a la imposición de estándares regresivos en materia de derechos humanos para las políticas de seguridad.
El énfasis de la discusión respecto a la participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública interior responde a pensar respuestas peligrosas a problemas que necesitan medidas más creativas y con recursos efectivos para afrontarlas.
No debe desdeñar el papel impulsor que desempeña la política exterior de los Estados Unidos en este tema. Desde ese país se fomenta la participación militar en las cuestiones domésticas desde la década del cincuenta, y con mayor fuerza desde los años noventa, en relación con lo que se identifica como “nuevas amenazas”, entre las que se incluye el narcotráfico.
En nuestro caso, luego del colapso de la última dictadura militar y con la apertura democrática del año 1983 se planteó la necesidad de la subordinación militar al gobierno civil junto a la desmilitarización de la seguridad interior, ambos procesos como garantía del inicio de un nuevo ciclo histórico. En cuanto a las reformas concretas, se trató de privilegiar a la defensa nacional como el ámbito exclusivo de organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas, reformulando sus misiones y funciones institucionales y desarticulando el conjunto de prerrogativas legales e institucionales que detentaban en materia de seguridad interior. El desafío más importante en términos de la reformulación de las relaciones cívico-militares precedentes pasaba por desmilitarizar a la seguridad interior, lo que suponía la derogación de la anterior Ley de Defensa Nacional (N° 16.970) y la sanción de una nueva norma que asentara sobre bases conceptuales e institucionales de carácter democrático la defensa nacional y el rol de las Fuerzas Armadas en particular. En el año 1988 se sancionó la nueva Ley de Defensa Nacional (N° 23.554), que fue superadora del marco legal en el que se anclaba la Doctrina de la Seguridad Nacional, en particular al instituir a las Fuerzas Armadas, exclusivamente, como el “instrumento militar de la defensa nacional”.
Asimismo, en esa ley se afirma que debe tenerse en cuenta la diferencia fundamental que separa a la defensa nacional de la seguridad interior. Por su parte, la ley de Seguridad Interior (N° 24.059) también remarca esta fundamental diferencia, no obstante estipula tres situaciones de carácter excepcional en las que las Fuerzas Armadas pueden actuar en asuntos internos. Estas especificaciones se tornan particularmente necesarias en función de la separación entre “defensa” y “seguridad”:
1- En caso de que el Comité de Crisis lo requiera, el Ministerio de Defensa pondrá a su disposición a las fuerzas armadas para apoyar las operaciones de seguridad interior. Específicamente: servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones, ingenieros y comunicaciones. (Art. 27°)
2- El segundo caso de vinculación posible es a la inversa, de apoyo de las fuerzas de seguridad interior hacia las fuerzas armadas. El supuesto es que “todo atentado en tiempos de paz a la jurisdicción militar, independientemente de poner en forma primordial en peligro la aptitud defensiva de la Nación, constituye asimismo una vulneración a la seguridad interior.” (Art. 28°)
3- La tercera modalidad de vinculación tiene que ver con la convocatoria a las fuerzas armadas para el restablecimiento de la seguridad interior en aquellas situaciones excepcionales en las que el Presidente de la Nación considere que el Sistema de Seguridad Interior descrito en esta ley resulta insuficiente para el cumplimiento de los objetivos de seguridad interior, previa declaración del Estado de Sitio. (Art. 31°).
En los supuestos excepcionales precedentemente aludidos, al empleo de las Fuerzas Armadas se le exigió además que: a) su conducción quede a cargo del Presidente de la Nación asesorado por los comités de crisis de la ley de Seguridad Interior y de la ley de Defensa Nacional; b) se designe un comandante operacional de las Fuerzas al que deberán subordinarse todas las Fuerzas de Seguridad y policiales exclusivamente en el ámbito territorial definido para dicho comando; y c) tratándose de una forma excepcional de empleo, que será desarrollada únicamente en situaciones de extrema gravedad, la misma no incida en la doctrina, organización, equipamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas. Este último punto resultó fundamental, pues estableció que esta forma excepcional de intervención no implicaba la preparación operacional de las Fuerzas Armadas como cuerpos policiales ni supondría la fijación de nuevas tareas o funciones que exigieran algún tipo de adecuación de la estructura orgánico-funcional y doctrinal de las instituciones castrenses.
A esta normativa general debe agregarse un hito de nuestro proyecto político que reafirma la separación entre defensa y seguridad: el Decreto 727/2006 firmado por Néstor Kirchner, que finalmente plasmó la demorada reglamentación (por parte de los gobiernos anteriores) de la Ley 23.554 de Defensa Nacional.
Este decreto reglamentario estableció con mayor precisión la demarcación y las funciones específicas de las Fuerzas Armadas, y limitó su ámbito de actuación a los casos de agresiones armadas por parte de otros Estados. Este límite no sólo hace referencia a sus acciones directas, sino también a todas aquellas actividades previas, o aledañas, como la formación y el entrenamiento, la compra de materiales y equipos.
El decreto desestima de forma explícita las tendencias internacionales que podrían invocarse para justificar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.
En efecto, en la segunda parte del artículo 1° señala: “Se entenderá como «agresión de origen externo» el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país, o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”. De esta manera da por tierra a los argumentos que intentan justificar la intervención de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico argumentando que el narcotráfico provoca una agresión de origen externo. La Ley 27.126 (creación de la Agencia Federal de Inteligencia) reafirma esta tajante división. Y en particular el Decreto 1113/2015 (Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional) realiza la siguiente aclaración conceptual para que no queden dudas:
ANEXO I
NUEVA DOCTRINA DE INTELIGENCIA NACIONAL
CAPÍTULO I
- En el ámbito de la defensa nacional, las problemáticas abarcan los eventuales riesgos o conflictos generados por agresiones de origen externos perpetradas por Fuerzas Armadas pertenecientes a otros Estados contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país, o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.
- En el ámbito de la seguridad interior, las problemáticas comprenden los fenómenos delictivos violatorios de las libertades y derechos de las personas y del Estado constitucional social y democrático de derecho y, específicamente, aquellos fenómenos delictivos complejos de relevancia federal relativos a:
- El terrorismo y sus diferentes manifestaciones globales y/o locales, estatales y no-estatales;
- Los atentados contra el orden constitucional y la vida democrática, ya sea que se trate de grupos políticos y/o militares que se alzaren en armas contra los poderes públicos y/o el orden constitucional o se trate de grupos económicos y/o financieros –empresas, bancos, compañías financieras, etc.- que lleven a cabo acciones tendientes a la desestabilización de gobiernos democráticos mediante corridas bancarias y cambiarias, desabastecimientos, “golpes de mercado”, etc;
- La criminalidad organizada, en particular, el narcotráfico; la trata de personas para explotación sexual y/o laboral o parea cualquier otra forma de explotación; la delincuencia económica y financiera; el tráfico de armas; y cualquier otra forma de tráficos ilícitos y/o criminalidad organizada;
En este contexto normativo la formación militar no prevé entrenamiento específico para abordar la problemática del narcotráfico y, en consecuencia, las fuerzas armadas no están preparadas para esa función.
Los policías y militares difieren en sus objetivos de intervención y, por lo tanto, en su formación respecto del uso de la fuerza. Además de mayor poder de fuego, los militares no están entrenados en el modo gradual de uso de la fuerza, ya que el principio de proporcionalidad no está presente en su entrenamiento, por lo que sus intervenciones tienen un mayor grado de letalidad.
Los militares argentinos no tienen consecuentemente injerencia formal en la formación de las fuerzas policiales ni reemplazan excepcionalmente a policías, como sí sucede en otros países de la región.
Pasados 27 años desde la sanción de la ley de Defensa Nacional también podemos contar el profundo cambio cultural en la formación de los militares argentinos. La importancia de la ley de Defensa Nacional no radica solamente en el ámbito interno-nacional, a saber la restauración del control civil, la subordinación de los militares, la separación de los ámbitos internos y externos de la seguridad nacional y la clara definición de la misión de las Fuerzas Armadas.
Para que las fuerzas armadas intervengan en la persecución del narcotráfico es necesario modificar ese cuerpo normativo: tres leyes esenciales de la democracia argentina y la modificación de la doctrina de sus decretos reglamentarios.
B) NECESIDAD DE SOSTENER LA DIVISIÓN TAJANTE ENTRE LAS COMPETENCIAS. FUNDAMENTOS. CONSECUENCIAS DE SU APLICACIÓN Y SU RELACIÓN CON NUESTRO PROYECTO POLÍTICO.
La participación de las FFAA en la lucha contra el narcotráfico tiene su origen en el la tendencia a desdibujar los límites entre la guerra, terrorismo y el delito organizado, entre la Defensa y la Seguridad Pública y las correspondientes funciones entre los militares y la policía. El argumento más frecuentemente citado por quienes se inclinan a permitir la participación de las FFAA en temas internos se centra en el aumento de la violencia desplegada por distintas organizaciones criminales que frecuentemente superan la capacidad de contención policial. Ante la gravedad de las amenazas se sostiene que recurrir a las FFAA se presenta como un recurso válido y necesario. Este discurso, frecuentemente sostenido entre los sectores más conservadores de la comunidad política, tiene graves consecuencias políticas. El caso de otros países de la región, como México, muestran las consecuencias negativas de aplicar esas ideas.
El Estado tiene entre sus obligaciones directas la provisión de los medios necesarios para el correcto y adecuado funcionamiento operacional de las fuerzas armadas por un lado y las fuerzas de seguridad por el otro. En caso de inadecuación o insuficiencia de una de ellas, el gobierno debe asegurar su recuperación. Substituir una de ellas por la otra puede desembocar en una inadecuación instrumental, una ineficacia de resultados y la pérdida de función específica, lo que lleva a escamotear y perpetuar las deficiencias del aparato de Estado que está siendo substituido.
El empleo de diferentes agencias estatales ante la debilidad institucional de algunos países, la desconfianza en el sistema policial y judicial, sumado al cortoplacismo de una gran porción del espectro político, han llevado a generar la respuesta militar como una opción atractiva (sobre todo porque las FFAA, por su capacidad de movilización, de maniobra y amplitud logística, permiten respuestas casi inmediatas y espectaculares aunque, como los casos de México o Brasil permiten visualizar, raramente efectivas).
Transformar al militar en policía no sólo no resuelve los gravísimos problemas de seguridad, sino que los potencializa, pero por otro lado, desmotiva y desprofesionaliza al poder militar al tiempo que militariza la policía. Uno de los principales problemas derivados del empleo inadecuado de las FFAA en los problemas interiores es la militarización de la Seguridad Pública y la desprofesionalización de las FFAA. La presencia militar trae consigo el uso de armas letales y la doctrina del combate militar que conlleva el orden técnico de matar/eliminar al enemigo, moneda corriente en una guerra donde matar no constituye un crimen. Por otro lado, ese empleo inadecuado trae a los militares nuevamente al centro del escenario político de la mayoría de los países del continente, ya que los problemas son transformados en amenazas a la seguridad y por ende son militarizados, y las decisiones sobre ellos quedan en las manos de los militares.
Es fundamental tener en mente que las Fuerzas Armadas no se encuentran preparadas para desempeñar misiones y funciones que no son de su propia naturaleza como las fuerzas de seguridad; al personal castrense se lo prepara para hacer la guerra y, para ello, se lo dota de armamento pesado por ser el instrumento militar el recurso estatal de máxima intensidad del uso de la fuerza, es decir, última ratio o argumento final del Estado.
En la historia reciente de nuestro país, la utilización de las FF.AA. para intervenir en conflictos internos ha tenido terribles consecuencias. La aplicación de los conceptos de defensa nacional a todos los ámbitos del Estado ha sido devastadora en términos políticos, económicos, sociales y humanos. Resulta fundamental entender la especificidad de cada ámbito. Las FF.AA. tienen el objetivo de defender a la Nación de agresiones externas. Está claro que en una época caracterizada por una inexistente hipótesis de enfrentamiento bélico entre la Argentina y otro país es preciso asignarle un nuevo rol a las FF.AA.
Pero antes de pensar en su intervención en la lucha contra el narcotráfico se deberían generar, a nuestro juicio, una numerosa cantidad de presupuestos que no serían propios de una profundización de la democracia. El Estado argentino no ha desplegado toda la capacidad de las fuerzas de seguridad de manera inteligente para perseguir el narcotráfico. Sin perjuicio de lo explicado en el punto anterior, antes de pensar en una intervención militar en la materia, es deseable rediseñar el funcionamiento de las policías en esta rama, generando adecuadas instancias de inteligencia criminal y despliegue organizado para la prevención y persecución.
Está claro que para perseguir a los eslabones principales del narcotráfico no resulta adecuada una policía “comunitaria” pero sí lo es para trabajar en los eslabones más bajos. Para las grandes organizaciones se requiere mejorar los sistemas de investigación y de transparencia y no la intervención de las fuerzas militares. Se puede pensar, por ejemplo, en una agencia federal de investigaciones complejas, integrada por los mejores cuadros de nuestras fuerzas de seguridad, organizada por el poder político, de la mano de las herramientas que otorga el nuevo Código Procesal Penal. Buscar la salida por el lado de las fuerzas armadas es tomar el camino que está más a mano pero estamos seguros que no es el camino que llega a destino: reducir el narcotráfico en Argentina y sobre todo la violencia que produce.
Nosotros debemos estar en condiciones de dar estos debates de manera virtuosa, teniendo en mente dos cuestiones que parecen paralelas pero van en conjunto: cómo lograr mantener la conquista democrática que apuntala la separación defensa – seguridad como condición irrestricta, a la vez que repensar el rol de las fuerzas armadas para la consolidación de nuestras democracias. Cómo lograr incluir a esta institución clave de la historia argentina en el desarrollo del país, sin caer en la tentación de su uso para seguridad interna. La ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner declaraba en este sentido, en el marco de la cena de camaradería de las FF.AA[1]:
“(…) el concepto de defensa de un país, no solamente debe aludir a lo estrictamente militar. Sin lugar a dudas, ustedes se preparan y tienen una preparación militar porque, bueno, son las Fuerzas Armadas de la Nación, pero el concepto de defensa nacional, siempre lo he concebido como un concepto más integral, más abarcativo que meramente lo militar, sino que hace al bienestar, a la defensa y al buen estado de nuestra población, que es, en definitiva, a quienes tenemos que defender, representar los gobernantes y defender, como lo han jurado fielmente los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas.(…) este concepto de defensa integral que pasa por el desarrollo industrial, por agregar valor, por participar activamente en el desarrollo de la industria de defensa nacional, de manera tal que podamos producir, mediante lo que tenemos en materia de ciencia y tecnología, desde radares hasta armamento, hasta vagones para trenes, hasta volver a hacer ferrocarriles, todo, todo hace al concepto de defensa, de defensa de un modelo que ha permitido un crecimiento y una inclusión social sin precedentes.”
Dando cuenta de las políticas implementadas para dar curso a este rol democrático de las fuerzas durante los mandatos de NK y CFK se destacó la creación de la Secretaría de Articulación Militar para la Emergencia, el paso de Fabricaciones Militares al Ministerio de Defensa, actor fundamental para el desarrollo del convenio de cooperación entre el ministerio del Interior y Transporte y el ministerio de Defensa para el desarrollo de la renovación de vías y obras de la traza del Belgrano Cargas y logística de la Sociedad Anónima Belgrano Cargas.
Otro ejemplo de esto es la resignación de personal realizado en conjunto entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad para la protección del espacio aéreo y manteniendo siempre la imposibilidad de actuar a los miembros de las FF.AA. De esta forma, se pudieron reasignar miembros de gendarmería (la fuerza federal que más creció en la década) para los operativos centinela y cinturón sur.
En este marco, debemos estar en condiciones de (re) pensar el rol de las Fuerzas Armadas, involucrándolas en el desarrollo del país, ante las nuevas y complejas demandas, sin que eso implique su intervención en la lucha contra el narcotráfico.
En lugar de profundizar el debate estratégico sobre defensa, la respuesta habitual ha sido movilizar a los militares para realizar misiones internas.
La experiencia en distintos países muestra que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad no resuelve los problemas que se invocan para justificar su involucramiento. Por el contrario, tienden a incrementar los niveles de violencia y las violaciones a derechos humanos. Las consecuencias negativas de debilitar la demarcación entre funciones también abarcan otros aspectos, entre los que se destacan la desprofesionalización, la corrupción y la politización
A diferencia de la Argentina, la mayoría de los países latinoamericanos no tiene establecida claramente en sus leyes la demarcación entre las funciones de seguridad y las de defensa. Así, muchos de ellos involucran a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, como la lucha contra el narcotráfico, la política hacia “grupos insurgentes”, la defensa de los recursos naturales, o para sumarlas a funciones sociales o de infraestructura.
Pero los resultados han sido escandalosos en múltiples aspectos: el fracaso en la solución del problema de seguridad que originó la medida excepcional, junto con el aumento de los niveles de violencia en el conflicto y graves violaciones de derechos humanos; la desprofesionalización de las Fuerzas Armadas respecto de sus funciones primarias; el incremento de hechos de corrupción; su eventual politización y consecuente involucramiento en las dinámicas de política interna.
Así, en México a datos de inicios de 2023, el Ejército y la Marina participan activamente en operaciones contra el crimen organizado, lo que incluye patrullajes, retenes, detenciones, decomisos de productos ilícitos, erradicación de cultivos ilícitos y destrucción de laboratorios clandestinos. A pesar de los intentos de reformas, los militares continúan cometiendo abusos mientras cumplen sus tareas de lucha contra el crimen, casi todos los cuales quedan completamente impunes. Además de las preocupaciones de larga data en materia de derechos humanos, los críticos también han señalado que la profunda participación de los militares en la seguridad nacional no ha llevado a una reducción sostenida de la criminalidad o la violencia.
Ahora bien, según el balance de InSight Crime de los homicidios en 2022[2] “Los países de América Latina y el Caribe continuaron registrando altas tasas de homicidios en 2022, a medida que la producción de cocaína alcanzó nuevos máximos, los grupos criminales continuaron fragmentándose y el flujo de armas en toda la región siguió creciendo.
En Ecuador, la situación fue verdaderamente catastrófica. Los niveles históricos de cocaína que ingresaron al país intensificaron la violencia, y los asesinatos se dispararon, en tanto que los ataques contra funcionarios judiciales y los asesinatos de policías por parte de las bandas criminales alcanzaron niveles récord.
La cocaína que ingresó al país durante el año provenía sobre todo de Colombia, donde el nuevo presidente, Gustavo Petro, ha prometido distanciarse de la guerra del país contra las drogas con el fin de apostarle a la “Paz Total” con los grupos guerrilleros y criminales del país. Sin embargo, hasta ahora los niveles de violencia permanecen estables…
Este año, InSight Crime ha extendido el balance de homicidios, con el fin de incluir varios países y territorio del Caribe, muchos de los cuales experimentaron un fuerte aumento en los asesinatos en 2022. Si bien somos conscientes de que tanto sus poblaciones como sus cifras de homicidios son comparativamente más pequeños, los incluimos en este balance con el fin de mostrar que los patrones de violencia están afectando a toda la región.”
EJEMPLOS
ARGENTINA: 4,2 POR 100.000 (POBL. 45.808.747):
En 2022, Argentina registró una tasa de homicidios de 4.2 por cada 100,000 habitantes, según datos del Ministerio de Seguridad, lo que representó una disminución en comparación con 2021, cuando se registraron 2,092 asesinatos, con una tasa de homicidios de 4.6 por cada 100,000 habitantes. Las cifras de este año continuaron la tendencia a la baja en los asesinatos desde un año particularmente violento en 2014. Sin embargo, existen puntos críticos de violencia, destacándose la provincia de Santa Fe, en particular. En Santa Fe se encuentra la ciudad de Rosario, donde 406 personas fueron asesinadas en 2022, la cifra más alta desde 2015. Esto elevó la tasa de homicidios de la provincia a 11.31 por cada 100,000 habitantes, nuevamente un récord en años recientes. Una rivalidad entre bandas locales de tráfico de drogas, los Monos y Clan Alvarado, alimenta gran parte de los homicidios en la ciudad.
MÉXICO: 25,2 POR 100.000 (POBL. 126.705.138)
Aunque en 2022 hubo una ligera disminución en los homicidios, la cifra total de asesinatos en México superó los 30.000 por quinto año consecutivo. El año pasado, las autoridades mexicanas registraron al menos 30.968 homicidios, u 85 por día, según datos del gobierno.
En conjunto, la cifra total de asesinatos de México en 31.915, lo que ubica al país con una tasa de homicidios de 25,2 por 100.000 habitantes, una ligera disminución con respecto a la tasa de 2021.
Los estados fronterizos de Baja California y Chihuahua han sido por mucho tiempo áreas de violencia en México, pues allí los grupos del crimen organizado se enfrentan constantemente por el control de las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Por su parte, Jalisco se encuentra al norte de Michoacán y Colima, cuyos puertos, Lázaro Cárdenas y Manzanillo, son puntos de llegada de precursores químicos de Asia, necesarios para la producción de drogas sintéticas.
ECUADOR: 25,9 POR 100.000 (POBL. 17.797.737)
Por segundo año consecutivo, Ecuador tuvo una de las tasas de homicidios de más rápido crecimiento en la región. En 2022, el país estuvo azotado por pandillas que se enfrentaban por cantidades asombrosas de cocaína provenientes de Colombia, y registró 4.603 asesinatos, según datos recopilados por el medio de noticias de investigación Primicias. Según dicho medio, esto representa un increíble aumento del 82 por ciento interanual. Los cálculos de InSight Crime señalan una cifra más alta, de 86,3 por ciento.
Los expertos culpan de esta situación directamente a la violencia asociada al narcotráfico, lo cual es en gran parte cierto. Dos federaciones de pandillas, lideradas por las bandas rivales los Choneros y los Lobos, han empleado actos de violencia extrema en su lucha por el control de la infraestructura vital para el narcotráfico, incluido el puerto marítimo de Guayaquil, epicentro de la violencia en el país. Esmeraldas, provincia que limita con Colombia y es un centro de tránsito de drogas, también ha alcanzado cifras de asesinatos cada vez más altas. Se han visto cuerpos colgando en puentes, y se han producido asesinatos a gran escala en todo el país.
Están apareciendo grupos más pequeños, pero bastante organizados, que se disputan violentamente su tajada del pastel del narcotráfico. El tráfico de armas está aumentando constantemente, y el país se ha visto inundado de armas semiautomáticas, pistolas y municiones provenientes principalmente de Estados Unidos y Perú. Y la influencia del crimen organizado mexicano y colombiano no hace más que estimular aún más la violencia.
Como conclusión ni la militarización ni las directrices impartidas por Estados Unidos demostraron resultado positivo a lo largo del tiempo, lo que obliga a pensar otras estrategias regionales y nacionales.
[1] La cena de camaradería con los jefes y oficiales de alto rango de las FF.AA se llevó a cabo el 13 de julio de 2013.
[2] Link: https://insightcrime.org/es/noticias/balance-insight-crime-dhomicidios-en-2022/
