Rosario: 20 años no son nada y Messi lo es todo

Reflexiones sobre las derivas de la violencia en la Chicago argentina.

Por Valentina Novick y Facundo Morales

En la siguientes líneas propondremos con humildad y respeto para con los y las habitantes de esa hermosa ciudad, abordar esta discusión intentando ser un poco más rigurosos en el diagnóstico y realistas a la hora de proponer medidas.

¿Tres, dos o una década? Hagan sus apuestas

Es incontrastable que la Provincia de Santa Fe atraviesa desde mediados de los noventa, un incremento exponencial de la violencia. El epígrafe de esta nota refiere a una canción de Fito del 94’, donde ya se hablaba de la familia Cantero, la caracterizada banda de “Los Monos”, y en el 87 “mataban a pobres corazones” y ponían “la hierba en el viejo cajón”. La ola neoliberal de los 90 impactó particularmente en esta zona del país y por diversas razones una matriz violenta siguió reproduciéndose ahí.

Pero vamos al dato duro: Si se observan la información proporcionados por el Sistema Nacional de Estadística Criminal (SNIC), desde los 2000 hasta la actualidad, dicha provincia tiene tasas de homicidios por arriba de la tasa nacional, llegando en algunos años a duplicarla; incluso, si se la compara con la Provincia de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegaríamos a similares conclusiones.

En segundo lugar, Rosario tiene un mercado ilegal de armas y municiones muy grande, que permite que las organizaciones criminales tengan a disposición con relativa facilidad acceso a la misma. Según el Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2022 se registraron 11.348 secuestros de armas de fuego en la Provincia, lo que equivale a un promedio de 8,9 por día, sin contar las que incautan las fuerzas federales en el marco de su actuación.

Este crecimiento exponencial de la violencia seguramente tiene muchas causas, pero sin dudas una de las principales está dada por el desarrollo de organizaciones criminales, que tienen como principales actividades, pero no excluyentes, la comercialización de drogas, los homicidios, la trata de personas, el lavado de dinero, y las amenazas.

Estas, en su mayoría, estructuran su actividad ilícita sobre la base de relaciones familiares o de conocimiento personal.

Adicionalmente, estamos en presencia de distintas pujas que se dirimen a los tiros en los distintos barrios de la periferia de Rosario, producto, por un lado, de que los principales referentes de las organizaciones están presos y buscan mantener su poder; y, por el otro lado, relacionado a lo anterior, se está produciendo un fenómeno de dispersión y atomización de la criminalidad en la ciudad que vuelve más difusos liderazgos que hace 15 años eran más claros.

Pero también existen organizaciones criminales con mayor grado de complejidad y organización, con mucha menos visibilidad, que se dedican a diferentes actividades ilícitas como puede ser la importación de grandes cantidades de estupefacientes, las cuáles no necesariamente abastecen solo al mercado interno de Rosario, sino que puede abastecer otras provincias o exportarse; el lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas también forma parte del listado de delitos.

El estado ambivalente es estado ausente (o cómplice del delito)

La proliferación de mercados ilegales, tanto en Rosario como en cualquier otro lugar, no puede prosperar sin la permisividad y corrupción de distintos actores estatales. De ahí que se puede ver con cierta regularidad la detención de funcionarios policiales y judiciales en causas por narcotráfico.

En nuestro país, el problema de la expansión de la criminalidad organizada fue abordada principalmente como un problema del narcotráfico, a punto tal que en el gobierno de Mauricio Macri, se creó una Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, que tenía un Programa Nacional de Intervención contra la Comercialización de Drogas, que buscaba desarticular distintos puntos de venta de estupefacientes para combatir solamente el narcomenudeo.

Este tipo de programas se encuentran profundamente emparentado con la doctrina de la “guerra contra el narcotráfico” y la militarización de la prevención del delito, que adoptaron en la década del 90 buena parte de los países de Latinoamérica por presiones geopolíticas de los países desarrollados. Dicha doctrina no generó una disminución de la incidencia de la criminalidad organizada sino, por el contrario, en palabras de Juan Tokatlian “…lejos de reducir la violencia y el poder de grupos criminales, ha exacerbado los problemas vinculados a la ausencia de justicia y a la violación de derechos humanos.”[1]

En nuestro país, la política dirigida por Patricia Bullrich lo que hizo fue incrementar la cantidad de causas, la cantidad de detenidos por narcomenudeo, colapsar las cárceles, tanto provinciales como federales, aumentar la cantidad nominal de incautaciones de estupefacientes, pero mantener inmutable y en algunos casos reproducir y sofisticar el negocio de la criminalidad organizada.

Al contrario de esta idea bastante extendida, tanto en los medios de comunicación como en los actores de la política, se debe intervenir entendiendo que la droga es un commoditie del circuito del lavado de dinero y puede financiar otros delitos.

En paralelo a esta intervención direccionada solo a cortar la punta del iceberg en materia de persecución penal, en Rosario particularmente se observa desde hace muchos años un abandono del Estado del resto de sus incumbencias relacionadas con la provisión de servicios básicos como salud, educación, oportunidades de trabajo, en fin, de una alternativa de trayectorias de vida para las comunidades mas atravesadas por flagelo de las políticas neoliberales y esa es una obligación de los distintos estamentos pero particularmente del estado municipal y provincial.

La cuestión policial

No es el objetivo de este artículo hacer una historia de la policía santafesina, solo haremos referencia a que, en el año 2012 toda la cúpula de esta terminó en la cárcel por connivencia directa con las organizaciones de narcotraficantes. En 2013 el entonces gobernador Socialista Antonio Bonfatti sufrió un atentado, y a raíz de eso y del avance de la violencia letal en 2014, la presidenta Cristina Kirchner decidió la intervención con un mega operativo de Gendarmería junto con la PROCUNAR con el objetivo de pacificar los territorios y darle al gobierno Provincial un marco de garantía y tiempo para sanear y reformar la policía provincial. Es decir, el PEN ponía a disposición de la provincia un importante paraguas, de 3000 gendarmes y equipos civiles del ministerio de seguridad de la nación, para que los Estados provincial y municipal retomaran el control de los territorios más violentos, con su propia policía, pero fundamentalmente con servicios básicos, salud, educación y oportunidades de empleo para los habitantes del gran Rosario.

Lamentablemente la provincia decidió abandonar ese plan en 2015 y luego, en los años subsiguientes, el único efector del estado en esos barrios fue la Gendarmería. A partir de 2016, la profundización del abordaje punitivista de la política de seguridad, que continúa hasta el día de hoy, conllevó un lógico desgaste de aquella en su capacidad de regular el conflicto. En paralelo la policía provincial, sin conducción clara, fue profundizando sus relaciones espurias con el delito, y sigue siendo un actor principal del problema. Esto último está sobrediagnosticado por los actores del sistema y penosamente poco intervenido.

La cuestión judicial

Actualmente los mayores problemas de los servicios de justicia penal en Rosario tiene que ver con cuestiones de coordinación interinstitucional entre el fuero federal y el ordinario, y una falta de infraestructura y equipamiento de la Justicia federal donde la responsabilidad mayor la tienen la CSJN y el Ministerio Público. Por supuesto también hay serios problemas de connivencia entre algunos miembros de la justicia y las organizaciones criminales.

Es fundamental que las investigaciones judiciales no sólo persigan a quienes venden estupefacientes, sino también a aquellos que financian y dirigen las actividades ilegales, porque de otra manera el sistema penal termina actuando sobre aquellos eslabones que son fácilmente intercambiables para esas organizaciones, y en definitiva se vuelve funcional a éstas. En cambio, si se persigue a los jefes, se los condena y, a parte, se decomisan los bienes producto de los hechos ilícitos, estaremos frente a un trabajo mucho más efectivo que desfinancia las actividades contrarias a la Ley y por lo tanto dificulta su desarrollo.

En esta línea, se debe plantear un fuerte trabajo entre la justicia federal y la justicia provincial que permita interrelacionar la información de las distintas causas. Nos explicamos, por ejemplo, las causas de homicidio tramitan en juzgados ordinarios de la Provincia, mientras que las causas de narcotráfico lo hacen en tribunales con competencia federal, y por lo tanto, la información de dichas causas no se cruzan sino hay un trabajo activo para eso. Por ende, si se tiene el diagnóstico (acertado) de la interrelación entre buena parte de los homicidios y la criminalidad organizada, se requieren acciones concretas que permitan interrelacionar la información de ambos fueros.

Es necesario también revisar el modelo de inteligencia criminal en las cárceles provinciales y federales y evaluar la pertinencia de establecer un tratamiento diferencial en los penales para los jefes de las organizaciones detenidos que evidentemente siguen contando con capacidad logística y económica para operar en la dinámica criminal aun estando con condenas firmes.

El rol del puerto y la hidrovía, es la economía estúpido!

Ya mencionamos que la droga es en definitiva el commodity que soporta gran parte del blanqueamiento de la economía ilegal. ¿Por qué en la ciudad de Rosario y alrededores el narcotráfico tiene el impacto violento que no tiene en otros mercados más importantes en términos del volumen de la demanda? Simple, por que ahí se concentra gran parte de la logística de la exportación de la sustancia que viene de la frontera norte para ser exportada a mercados europeos y asiáticos. y este dispositivo de lavado lo comparte con lo obtenido por el contrabando de mercancía legal que también sale por esas terminales portuarias. Terminales que son en un cien por ciento propiedad privada y donde el estado tiene un deficiente control de las operaciones.

En los últimos meses las AFIP y particularmente la Dirección general de Aduanas ha profundizado las intervenciones de fiscalización y control, y si bien el control de la navegación en el Río Paraná fue parcialmente retomado por el Estado, es fundamental también para la soberanía nacional que ese control estatal se profundice y se sostenga en el tiempo. En el escenario complejo y multicausal de la violencia y Rosario todo tiene que ver con todo y un Estado robusto y fortalecido es fundamental para el éxito de un abordaje integral.

¿Atender la emergencia solamente?

Sin dudas hay que atender e intervenir en la emergencia y eso requiere acciones para que el Estado retome el control en los territorios más violentos porque eso es condición de garantía para implementar el resto de intervenciones multiagenciales, urgentes también. Pero de nada sirve inundar de gendarmes si luego no van a operar el resto de los dispositivos. Además, tenemos que tener en cuenta que luego de tantos años hay un desgaste natural de la intervención de las Fuerzas Federales en el territorio.

Esa intervención de emergencia requiere que, junto con los gendarmes, diga presente la urbanización, las salitas de salud, la asistencia en consumos problemáticos, las escuelas, las cooperativas de trabajo, las actividades culturales. Es decir, ofertas alternativas sobre todo para los pibes y pibas, que al menos intenten competir en términos económicos y existenciales con la posibilidad de ser reclutados por una organización criminal.

En el orden del mediano plazo es necesario abordar políticas que combinen reformas legislativas con reformulación de los instrumentos de gestión.

Es necesario reformar la ley 23.737 de drogas que define un modelo de persecución penal que claramente solo a contribuido a fomentar el negocio del narcotráfico. En esta línea y hasta que se pueda modificar la legislación, es necesario debatir fuertemente la forma en la que se mide la efectividad de la prevención y la investigación del narcotráfico. El incremento de la cantidad de sustancia incautada no necesariamente implica mayor efectividad. Se puede ver un incremento tanto por una ampliación del mercado como por mayor cantidad procedimientos, lo que no implica haber terminado con una organización criminal compleja. Se debiera construir indicadores compuestos que incluya más de uno para tener un mejor acercamiento a la realidad.

También creemos que es necesario debatir una reforma del sistema federal de seguridad que, respetando a rajatabla la división entre defensa y seguridad interior de la ley 24059, redefina las incumbencias de las Fuerzas de Seguridad Federales para que este importante instrumento del Estado Federal sea mas eficaz en sus funciones primarias y en las incumbencias concurrentes en las 23 provincias y en la CABA.

En conclusión: hay que agarrar la pala

Este intento de diagnóstico con algunas propuestas que hemos esbozado tiene por objeto debatir seriamente un problema por demás complejo, entendiendo que lo único determinante es la voluntad de las distintas instituciones responsables en el ámbito federal y local de asumir que no hay recetas importadas ni declaraciones grandilocuentes y demagógicas que puedan hacer la diferencia.

Ojalá que el nombre de Messi haga el milagro y ayude a que la cosa se active por las innumerables víctimas que no salen en los diarios y por el pueblo Rosarino que padece todos los días

Todos y todas los que verdaderamente se sientan comprometidos con la necesidad de “hacer algo” para que la escalada de violencia en Rosario se revierta tienen que saber que es con determinación y mucho trabajo sostenido en el tiempo. Los que aprovechan esta triste circunstancia para posicionarse, acumular para el vaciamiento de la política y lograr un par de cliks, son carroña.

Y si esa responsabilidad institucional y política no aparece, mas temprano que tarde el pueblo hará tronar el escarmiento y capaz ahí se ponen las pilas.

[1] Tokatlian, Juan G. (2017): Qué hacer con las drogas. Una mirada progresista sobre un tema habitualmente abordado desde el oportunismo político y los intereses creados. Ed. Siglo XXI