Algunas claves para entender el conflicto de la cocaína adulterada
Por Lucía Fasciglione
En estos días emergió en la agenda pública la problemática de las drogas ilegalizadas en la Provincia de Buenos a partir de la muerte de una veintena de personas y más de ochenta internadas por el consumo de cocaína adulterada presumiblemente con un opioide. La sustancia habría sido vendida principalmente en el barrio Puerta 8 de la localidad de Tres de Febrero, alcanzando al menos a ocho municipios del noroeste bonaerense.
Debido al rápido accionar del Gobierno bonaerense se logró controlar la situación a partir de una campaña de difusión masiva que apuntó a la reducción de daños y a una inteligente gestión sanitaria. Como siempre, mientras el evento era urgente, asistimos a un tratamiento casi exclusivo del tema en la agenda pública. Escuchamos a especialistas de diverso tipo expresando opiniones variopintas sobre narcotráfico, consumos problemáticos de sustancias y otros aspectos que constituyen al problema de la circulación de drogas ilegalizadas en nuestros territorios.
En este artículo, con el objetivo de aportar a la diversificación de las miradas en torno al conflicto, nos centraremos en algunos de los problemas actuales que presenta la investigación del narcotráfico en la Provincia de Buenos Aires. En este sentido, resulta importante comenzar hablando de la Ley de desfederalización de drogas (Ley 26.052), que rige hace dieciséis años en la Provincia y que suponía iba a marcar un cambio sustancial mejorando la investigación del narcotráfico. Dicha legislación fue especialmente requerida por las autoridades provinciales de aquel momento, siendo la Provincia de Buenos Aires la primera en adherir ese mismo año. Posteriormente lo hicieron ocho provincias más, entre ellas en el año 2019, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En pocas palabras, esta norma modificó uno de los artículos de la llamada Ley de drogas (Ley 23.737) a fin de que las provincias que así lo determinen, puedan asumir la competencia para perseguir algunos delitos menores tales como el micro comercio, la tenencia simple y la tenencia para consumo personal de estupefacientes.
Cabe destacar algunos debates parlamentarios de aquel momento. Por un lado fue relacionado el aumento de los delitos de la Ley de drogas con el creciente consumo de estupefacientes y con la aparición de una red de narcotráfico a pequeña escala que funcionaba como medio de subsistencia de familias en el conurbano bonaerense. A su vez, se argumentó que la Justicia Federal enfocaba sus esfuerzos en la investigación del narcotráfico a gran escala, dejando en segundo plano a la distribución barrial, y por lo tanto, exponiendo a situaciones de violencia y riesgo de consumo a los jóvenes de los barrios pobres. Se consideró también que la Policía de la Provincia de Buenos Aires se encontraba impedida de prevenir y actuar, dependiendo esto exclusivamente de la Policía Federal. Se sostuvo además, que la proximidad territorial de la justicia provincial redundaría en más celeridad y eficacia, debido a la mayor cantidad de jueces provinciales -450, frente a los escasos 38 jueces federales que existían en territorio bonaerense en ese momento-.
La sanción de dicha ley tuvo una tramitación legislativa sumamente rápida, al igual que su adecuación al sistema penal bonaerense. Se trató de un proceso con escasa planificación previa, y como bien sabemos, la ausencia de planificación de las políticas públicas produce resultados inciertos.
Hoy en día incluso, resulta difícil dar cuenta de manera exhaustiva los resultados que este esquema produjo, dado que la información generada por las agencias abocadas a la temática es escasa y fragmentada, sin embargo, a partir de datos publicados principalmente por los Ministerios Públicos – bonaerense y federal – podemos dar cuenta de algunas regularidades que se observan en las investigaciones llevadas a cabo en años recientes.
1. Justicia provincial
Según datos publicados por el Ministerio Público bonaerense, entre 2015 y 2019 las investigaciones por delitos desfederalizados de drogas crecieron en un 140%. Este tipo de casos insumen buena parte de los recursos de la administración de justicia provincial, se trata del tercer delito en cantidad de expedientes, después de amenazas y robos. Del total de investigaciones aquellas de menor relevancia, es decir las de tenencia para consumo personal y tenencia simple, vienen representando en los últimos años alrededor del 30% del total. Por su parte, aquellas que por su denominación tendrían una mayor complejidad, es decir las de comercialización, vienen representando el 60% del total. Sin embargo, de ese total, más del 90% de las investigaciones terminan siendo archivadas o desestimadas. La misma suerte corren las causas por tenencia para consumo personal, lo cual da cuenta del enfoque inadecuado de los esfuerzos policiales en este tipo de casos, generando un pérdida de tiempo y recursos en hechos que posteriormente son desestimados por las agencias judiciales.
Asimismo, cabe remarcar la ausencia de lineamientos de política criminal en materia de drogas por parte del Ministerio Público, actualmente a cargo de Julio Conte Grand. Desde que dicha institución asumió la competencia de este tipo de delitos no emitió ninguna instrucción general para el ordenamiento de la persecución criminal a nivel provincial. Esto dio lugar a que cada departamento judicial termine adoptando los criterios particulares de sus Fiscales Generales, generando pautas de actuación diversas a lo largo y ancho del territorio bonaerense, las cuales generalmente no fueron planificadas en función de las lógicas de circulación de las sustancias, ni del despliegue de las organizaciones criminales. La única política desarrollada en este sentido tuvo que ver con la creación de fiscalías especializadas de estupefacientes, las cuales funcionan de manera atomizada en todo el territorio, careciendo en muchos casos de personal especializado y recursos para el abordaje adecuado de los fenómenos criminales que deben abordar.
2. Justicia federal
En los últimos años se registró una tendencia hacia la baja de las investigaciones federales, en contraposición al aumento constante de las investigaciones provinciales. Según datos disponibles en la página de la Procuraduría de Narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal de la Nación, mientras que en 2016 se registró un pico de 1.532 investigaciones en la Provincia por parte de la justicia federal, en 2019 esta cifra tan solo llegó a 491 y en 2020 a 273. Indagando en relación al carácter de las investigaciones se observa que se produjo una marcada disminución de los delitos de mayor relevancia criminal como el almacenamiento o contrabando de estupefacientes. Efectivamente, las causas por almacenamiento y transporte ascendieron en 2016 a un total de 352 y por contrabando a un total de 9. Dichos valores fueron disminuyendo año a año, llegando al 2020 con 33 causas por transporte y almacenamiento y 4 por contrabando. Asimismo, se registra una mayor representatividad de aquellas causas con una o dos personas imputadas, lo que además puede indicar la escasa complejidad de las manifestaciones criminales investigadas.
3. Conflictos de competencias
La fragmentación de la competencia en materia de persecución a partir de la desfederalización produjo una serie de consecuencias negativas en la eficiencia y eficacia de las investigaciones. Los problemas en la articulación interjurisdiccional y los conflictos de competencia en materia de investigación o juzgamiento son habituales entre la administración de justicia provincial y la federal. Tal es así que múltiples investigaciones iniciadas en el fuero provincial son transferidas al fuero federal de manera tardía, provocando graves inconvenientes en la continuidad de las mismas. Esto puede ser por afectación a los derechos de las personas imputadas; conflictos de competencias que llegan hasta la Suprema Corte y demoran los procesos; el desarrollo de investigaciones poco concluyentes o con pruebas insuficientes; entre otros conflictos.
4. Ausencia de un enfoque de género
La ausencia de una política criminal estratégica y con perspectiva de género produce la rápida criminalización de las mujeres cis, mujeres trans y travestis involucradas generalmente en roles menores, intercambiables y visibles en los mercados de comercialización de drogas ilegalizadas. Según datos elaborados por la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, el 45% de las mujeres cis y el 70% de las mujeres trans y travestis se encuentran detenidas por infracciones a la Ley 23.737, siendo la primera causal de encarcelamiento en ambas poblaciones. En este sentido se registra una ausencia de perspectiva de género en el desarrollo de este tipo de investigaciones, como así también el desplazamiento de las capacidades investigativas en hechos de menor relevancia; ello en detrimento de promover el ascenso de las investigaciones en materia de responsabilidad criminal y lograr un mayor impacto en la desarticulación de los mercados ilegalizados.
Para finalizar, más allá de los números, resta preguntarnos sobre los métodos. En los últimos años fuimos testigos de discursos bélicos que promovieron “batallas contra el narcotráfico” que se tradujeron en “bunkers” derribados, (léase por “bunkers” casas humildes de barrios de emergencia); plantas de marihuana incautadas en casas de usuarios y usuarias con fines medicinales y recreativos; y en múltiples detenciones por tenencia para consumo personal. A la luz de los hechos ocurridos, esas no parecerían ser las estrategias más adecuadas para desbaratar a las organizaciones criminales que generan verdadero daño en nuestros barrios.
Los cuatro puntos enumerados previamente son solo una puerta de entrada a repensar el abordaje en torno a los conflictos que plantea la circulación de drogas ilegalizadas, como así también a promover políticas públicas serias en dicho sentido. Situándonos específicamente en el contexto bonaerense, algunos de los problemas más evidentes que obturan el desarrollo de investigaciones criminales complejas en la materia parecen ser la escasa articulación entre el fuero provincial y el federal; la ausencia de instancias de producción y análisis conjunto de información criminal para comprender las dinámicas territoriales que adoptan los mercados ilegalizados de sustancias y las lógicas de la demanda; la escasa utilización del principio de oportunidad para priorizar la investigación de fenómenos complejos; la falta de recursos especializados -sobre todo tecnológicos- que aporten celeridad y eficiencia al desarrollo de las investigaciones.
La dicotomía federalización – desfederalización resurge permanentemente como la única alternativa para solucionar estas ineficiencias. Sin embargo, como punto de partida, resulta imprescindible precisar rigurosamente el funcionamiento actual del sistema penal y sus resultados en la persecución e investigación de este tipo de delitos, de manera que nos permita obtener un diagnóstico claro. Esto no impide que, en lo inmediato, los organismos involucrados puedan promover procesos de articulación reales y eficaces para comenzar a resolver los problemas enumerados.
Al mismo tiempo, resulta necesario encarar discusiones de fondo, más allá del territorio bonaerense. Debemos repensar la ley de drogas vigente que tiene más de treinta años de antigüedad y sus disposiciones no se corresponden con la realidad actual, ni con la evolución cultural respecto de las sustancias que ilegaliza.
En este camino, también es necesario promover la legalización del cannabis, dando continuidad al proceso de cambio que comenzó con la despenalización del uso medicinal. El objetivo de esta política debe ser la regulación de dicho mercado por parte del Estado, promoviendo la disminución de la circulación de sustancias no autorizadas; eliminando las detenciones por tenencia para consumo y tenencia simple; posibilitando el desarrollo de mejores abordajes de los consumos problemáticos; así como la conjura de las organizaciones criminales complejas, privilegiando su persecución y juzgamiento.
En esta línea, resulta indispensable no reducir el problema de las drogas a una mera cuestión punitivista o penal, sino entender que las políticas educativas, culturales, laborales, habitacionales, de ingresos y de salud pública son también fundamentales para un eficiente manejo del tema. El estado debe realizar más y mejores campañas de prevención de consumos problemáticos de todas las sustancias psicoactivas y abordar estos temas en la enseñanza básica y en ámbitos culturales; a la vez que se debe trabajar mancomunadamente entre los distintos niveles para garantizar tratamientos de calidad para aquellos consumidores que los necesitan.
