Falacias

Por Matías Molle

En un nuevo capítulo de hablemos sin saber, el ahora diputado nacional Javier Milei nos regala una muestra más para adjuntar al rosario de falacias que tan laboriosamente viene construyendo. Ahora el tema en cuestión es la “portación de armas”. Y dice él: “si los honestos portasen armas, habría menos delincuencia. A los delincuentes no les importa si hay permiso o no para utilizar armas, por lo tanto, las llevan. Y si vos no permitís que los honestos las tengan, los dejás desalineados en términos de defensa”. Y también: “Uno observa que en aquellos estados que sí permiten que los ciudadanos tengan sus propias armas, la cantidad de delito es mucho menor”.

Vayamos por parte. Qué significa “portar” un arma. En nuestro país, la ley que regula el uso de armas de fuego es la 20.429. Allí se hace una clara diferencia entre “tener” y “portar” un arma. En el primer caso, la tenés en tu casa y, si la transportás hacia algún lado, un espacio habilitado para la práctica, por ejemplo, el arma debe estar descargada y las municiones en un lugar separado. Portar un arma, en cambio, significa que la podés llevar encima y portarla en cualquier lugar (público o privado), lista para ser usada. Si bien para ambos casos necesitás primero cumplir con una serie de requisitos que el Estado establece y regula, para la portación se requiere un permiso especial que es de carácter restrictivo.

A Milei pareciera que le molesta este carácter restrictivo. Él preferiría que todos los ciudadanos honestos pudieran portar un arma con el objetivo de defenderse y, de ese modo, hacer caer la tasa de delito. Como dije anteriormente, y tomando un concepto tan caro al propio Milei, esto es parte de una serie de falacias. 

Primera: las armas sirven para la defensa personal

Uno de los estudios más importantes sobre el tema es el del Dr. Hugo Spinelli, se llama <Mortalidad por armas de fuego en argentina 1990-2008> y se lo puede encontrar en internet. Algo muy interesante para leer en el estudio es la tendencia que muestran las estadísticas. Por ejemplo: los años 2001 y 2002 en nuestro país (plena crisis social, económica y política), fueron los años en que murieron más personas por armas de fuego: 4.322 y 4.402 respectivamente.

Dice Spinelli: “Más allá del caso de la violencia institucional, las reformas neoliberales impactaron negativamente en las estadísticas de muerte por violencia (suicidios, homicidios y accidentes) en la Argentina”. Es decir que el tipo de reformas políticas que hoy impulsaría el propio Milei son las que, en el pasado, más afectaron la situación económica y social en nuestro país. Por un lado rompe el tejido social y por el otro propone el uso de las armas para que los “honestos” puedan para defenderse de esa misma situación que él ayudó a gestar.

En una nota en el año 2012, con motivo de ese estudio publicado cuatro años atrás, el propio Spinelli decía: “En 2001 y 2002 hubo una matanza sistemática en el país. No sólo son los 20 muertos en Plaza de Mayo, eso es una muestra de lo que sucedió durante ese tiempo en provincias y capitales de provincias”. Y finalizaba: “Luego, en 2003, las cifras vuelven a caer bruscamente y se mantienen así hasta 2012, y eso parece claramente producto de una decisión política de no reprimir”.

En esos años (2001, 2002 y 2003) el Estado autorizaba a más de 7.500 (el pico fue 8.896) civiles por año a portar armas de fuego “por seguridad”. Esa tendencia comenzó a disminuir a partir del año 2004, llegando a 215 autorizaciones en el 2015. Según estudios realizados por los máximos órganos del Poder Judicial de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires (2012 y 2013), la mayoría de las muertes por arma de fuego se dieron entre gente que se conocía previamente, relaciones interpersonales, familiares, etc., y no “a manos de un delincuente” o en situación de robo.

Las estadísticas que manejaba Spinelli eran igual de categóricas: “El hecho de tener un arma de fuego sólo acrecienta la posibilidad de convertirse en víctima, ya que los poseedores de armas tienen 43 veces más probabilidades de matarse o matar a alguien de su familia, que de disparar contra un delincuente”.

Es por esto que decimos que esa idea de que las armas sirven para defensa personal es una falacia. Está bien claro que es más bien lo opuesto. Las armas (y así lo muestran las estadísticas por muertes con arma de fuego) se utilizan en la resolución de conflictos interpersonales como peleas entre vecinos, disputas familiares, riñas, violencia de género.

Segunda falacia: si se flexibiliza el acceso a las armas se baja el delito

En lenguaje de la cancelación, muy común en ciertos discursos que se escuchan en los medios de comunicación o se leen en las redes sociales, es un gran hacedor de falacias. Es decir, utilizan consignas que parecen válidas -cuando en realidad no lo son- con el objetivo de cancelar el debate. La inmediatez y la superficialidad con que muchas veces se enuncian estos argumentos (nunca hay repreguntas, no se piden estadísticas ni fuentes, mucho menos desarrollos) los hace pasar como si fueran verdaderos.

La idea de que si los ciudadanos tienen armas para defenderse y entonces los delincuentes no “se les animarían” por miedo a la represalia, es tan inadecuada como peligrosa. Y si se discute, quien la enuncia esgrime otro argumento igual de falaz para sostenerla: en los países en que esto es así, el delito cayó.

Veamos el ejemplo paradigmático de democracia republicana muy favorable a la libre portación de armas de fuego: Estados Unidos. Allí es la Segunda Enmienda de la Constitución la que concibe la posibilidad de que accedas y portes tu arma como un derecho. Ahora bien, cómo impacta esa posición ideológica, traducida en flexibilidad normativa, en la sociedad norteamericana.

Amnistía Internacional, en lo que respecta a la violencia armada, ha dicho que “los gobiernos de Estados Unidos han permitido que la violencia con armas de fuego se convierta en una crisis de derechos humanos. El amplio acceso a estas armas y la laxa normativa hacen que más de 39.000 hombres, mujeres, niños y niñas mueran anualmente por disparos en ese país”.

Según el Gun Violence Archive en el 2020 se reportaron más de 43.000 muertes por armas de fuego en Estados Unidos y, en lo que va del 2021 ya se computan más de 17.000 muertes por arma de fuego, más de 34.000 lesiones por arma, más de 600 tiroteos masivos, más de 800 niños con disparos, más de 3.800 adolescentes con disparos,  más de 1.000 accidentes con armas, más de 1.700 disparos involuntarios y más de 20.000 suicidios con armas de fuego.

De acuerdo con un artículo de la CNN, EE.UU. tiene menos del 5% de la población global, pero el 31% de los atacantes en tiroteos masivos.

Por último, en un artículo de la BBC se preguntan las razones por la cual han crecido en Estados Unidos las muertes por arma de fuego (un 30% en el 2020 con respecto al 2019). Si bien el aumento no puede ser reducido a una única causa ya que todo fenómeno social tiene una raíz multicausal, lo cierto es que algunos investigadores no dudan en marcar la creciente venta de armas como un factor importante. Según el FBI, el 77% de los homicidios en 2020 se cometieron con armas de fuego, el porcentaje más alto jamás registrado.

Si bien la tasa de criminalidad todavía está por debajo de las correspondientes a los 80’ y 90’, también hay que decir que en el 2020 se registró un aumento del 47% sobre el mínimo histórico registrado que fue en 2014.

Así podría estar todo el día: citando artículos, notas, análisis e investigaciones con estadísticas que dan cuenta de que el uso de armas (como estrategia de defensa individual o personal en manos de civiles) no es un factor de resolución de conflictos sino más bien lo contrario, un vector de violencia que los acrecienta y que, en la mayoría de las ocasiones, produce el peor desenlace. 

El responsable de la seguridad o, para pensarlo más ampliamente, de la gestión de la conflictividad, es el Estado. No es tarea ni responsabilidad de los ciudadanos hacerlo por mano propia. Por eso el carácter restrictivo en el acceso a las armas de fuego. Pero no es solamente una decisión normativa, antes que eso es una definición política. El pensamiento lineal de creer que con un arma se resuelve el delito no sólo es erróneo sino profundamente peligroso.

En todo caso, es tarea del Estado diseñar y ejecutar estrategias de prevención de los conflictos como así también de disuasión, contención y corrección. Esto se hace a través de políticas públicas que son pensadas a partir de problemas concretos, en donde se debiera procurar la participación de los actores públicos, privados y sociales.

La teoría de que si tenés un arma vas a poder defenderte obedece a una cosmovisión de mundo particular, dignataria del individualismo neoliberal, del sálvese quien pueda, y de ese tipo de estrategias individuales en donde, se presume, gana el que es más fuerte. Por eso es importante que no dejemos pasar las oportunidades para discutir ese sentido común tan peligroso y lineal, cargado de superficialidad, inmediatez y reduccionismo, como dijimos hace unos días acá. 

Sin duda hay mucho por hacer, pero la salida al problema no es individual sino colectiva. Es con más política, con más inteligencia, con más participación que vamos a mejorar nuestras respuestas. Cualquier otro chamuyo, es una falacia.