Contrabando de granos, seguridad federal y distribución equitativa de la riqueza

Por Valentina Novick 

En los últimos días el Ministerio de Seguridad de la Nación comunicó que se realizaron varios operativos de las Fuerzas Federales en NOA y NEA, para realizar allanamientos ordenados por el Juez Federal de Oberá, y desbaratar así una organización delictiva que involucraba a funcionarios provinciales, miembros de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y empresarios. (https://twitter.com/MinSeg/status/1456985201448468481?s=20)

También en julio de este año hubo un operativo similar en Aguaray, Salta (https://www.pagina12.com.ar/353097-contrabando-de-granos-detuvieron-a-un-jefe-de-gendarmeria).

La semana pasada, la AFIP realizó un histórico decomiso de granos que estaban en un galpón en Campana y que iban a ser transportados ilegalmente a Uruguay (https://www.infobae.com/economia/2021/11/10/la-afip-realizo-el-mayor-decomiso-de-granos-de-la-historia-secuestro-mas-de-8100-toneladas-de-maiz/).

Todos estos hechos parecen confirmar que el contrabando de granos ya no constituye una actividad marginal sino que se está consolidando con diversas modalidades y en múltiples zonas fronterizas. 

Según los datos de la Dirección Nacional de Estadística Criminal (DNEC) del Ministerio de Seguridad de la Nación, durante el primer semestre de este año (enero a junio) se realizaron 171 procedimientos, en los que se incautó soja, maíz y otros cereales destinados al comercio ilegal, contra los 40 efectuados durante 2019 y 2020. Asimismo, en los primeros seis meses de 2021 se detuvo a 203 personas involucradas con el contrabando, frente a las sólo 6 detenciones realizadas durante 2019, con Patricia Bullrich al frente del  Ministerio. 

El dato más emblemático de este giro en favor de un Estado activo contra estos delitos se vincula con la cantidad de alimentos incautados: en 2021 ya se han decomisado 5.455.160 kilogramos; en el mismo periodo de 2020 (con la salvedad de las restricciones de circulación por la irrupción de la pandemia de Covid-19), fueron 568.787 kilos; y en 2019, 1.597.523 kilos.

Hay una ruta de granos que va de sur a norte, tanto al noroeste como al noreste, con destino a la exportación ilegal de granos. No tendría ningún sentido que los granos salgan por las fronteras del norte, cuando el 90% de lo exportable sale desde los puertos del centro del país, y mayormente desde Rosario. Es aquí donde se encuentra toda la complejidad de los controles por la Hidrovía, pero que serán materia de otro análisis.

Al ser alertada de la situación, la gestión del Ministerio de Seguridad en 2020 impartió la orden de incrementar los controles y comenzar a investigar el comportamiento de ese negocio. A la vez que se avanzó en un convenio con Aduana, AFIP y DGI, para trabajar en conjunto y manejar la misma información, lo que coayudó al aumento en las detecciones de mercadería ilegal.

El aumento de esta actividad delictiva reside en la lógica del tipo de cambio de la moneda nacional con respecto al dólar, más el comportamiento en los precios internacionales de los commodities, que ubican a la soja en precios récord -sumada a la intención de evadir el pago del canon a las retenciones por exportaciones-. Este combo convierte al tráfico ilegal en un negocio muy apetecible desde el punto de vista de la rentabilidad.

De esa manera, se estima que entre el precio del dólar ilegal y el ahorro en el pago de las retenciones, la rentabilidad de la actividad dejaría una tasa de más o menos un 50% por encima de lo que ganarían en el mercado de la exportación legal. Y que fomentada por el aumento de los precios internacionales de los granos y la gran demanda china, seguirá siendo rentable.

Si bien es difícil mensurar cuál es, en números, la evasión al fisco que implica esta operatoria, no hay dudas de que si no se toman medidas, esto puede escalar exponencialmente.

La preocupación es que al avanzar la frontera agrícola cada vez más hacia el norte del país, con producción local, se establezca un negocio ilícito aún más rentable y con mayores facilidades para su ejecución. Existen complicidades de todo tipo, desde funcionarios políticos y policiales hasta productores, por mencionar algunos, que se están investigando en el ámbito de la Justicia.

Por otra parte, hay indicios de que la logística y el modus operandi tiene vínculos -o que al menos utilizan métodos similares-, con las organizaciones criminales que trafican estupefacientes, como el uso de camiones, el ocultamiento de mercadería y los caminos utilizados, así como información relevante sobre dónde hay controles establecidos por las policías y dónde no. 

Acá es imprescindible que la justicia federal profundice las investigaciones para llegar a los primeros eslabones de esta cadena delictiva, porque ese grano que se contrabandea, se produce probablemente en el centro del país por productores individuales o pools de siembra -posiblemente los mayores beneficiados por este negocio. Para seguir utilizando el lenguaje que vincula este con otros tipos de tráfico, se puede decir que los camioneros y los bolseros que trasladan la mercadería son al contrabando de granos lo que los “soldaditos y las mulas” son al negocio del narcotráfico.

Otro riesgo no menor es que se consoliden economías ilegales que desplacen a las lícitas, empleando fuerza de trabajo y estableciendo nuevas relaciones socioeconómicas al margen de la ley, cuyas disputas por “el negocio” se resuelvan a través de la violencia. Ya sabemos cómo operan en algunas zonas del país las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y, hoy por hoy, en la frontera, el negocio de los granos tiene tasas de rentabilidad que compiten con el narco.

Uno de los principales problemas a la hora de detección de la mercadería ilegal, y por eso la importancia de la intervención de la AFIP, es la falsificación de las denominadas Cartas de Porte que otorga ese organismo a quien solicita transportar granos. O el uso irregular de las mismas: las anulan justo antes de pasar por la frontera para que luego no se ejecute el cobro. Para lograr evitar ese mal uso, la AFIP realizó la digitalización completa de sus documentos. Es muy importante que Gendarmería y Prefectura tengan acceso a esa información en los controles, algo que no es sencillo por el secreto fiscal, sumado a la falta de conectividad que hay en muchos puntos de las provincias y el país.

En los últimos meses se está produciendo una recuperación importante de las exportaciones de nuestro país y, a pesar de que avanza la participación de los bienes manufacturados, la principal fuente de divisas siguen siendo los commodities (liderando los granos). https://www.cronista.com/informacion-gral/expandiendo-horizontes-el-crecimiento-de-las-exportaciones-argentinas-en-2021/

El desvío de parte de esa producción hacia el contrabando implica miles de millones de dólares que no tributan y, por ende, no se distribuyen entre los sectores sociales que no gozan de privilegios. Son recursos que se recortan a la seguridad social, la salud, la educación, la vivienda, el transporte y la seguridad, entre otros. 

La persecución, investigación y conjuración de los delitos económicos no es una materia sencilla, la complejidad de la normativa y la dinámica de las relaciones económicas que involucra requieren una voluntad política y una sintonía entre diversos organismos del estado que raramente se concretan. 

En este caso hay una política de Estado que se está fortaleciendo y empieza a dar resultados: es fundamental seguir avanzando por este camino, porque esto sólo se consigue cuando hay un gobierno que gestiona a favor de los intereses nacionales y los derechos de las mayorías populares.